El dilema del rescate público

Los legisladores estadounidenses preguntan con insistencia a los grandes banqueros cuáles son las causas de la crisis crediticia. Pero no deberían ser demasiado petulantes. Como los bancos que pasaban por alto las enormes exposiciones de los créditos contingentes a los vehículos extracontables durante los años del auge y perdieron miles de millones de euros cuando las cosas se pusieron mal, el Gobierno estadounidense prefirió fingir que nunca tendría que avalar a Fannie Mae y Freddie Mac (entidades hipotecarias semipúblicas). Ahora se encuentra con una realidad desagradable.

William Poole, ex presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, declaraba el pasado miércoles que las empresas de patrocinio público [GSE, en sus siglas en inglés] son técnicamente insolventes. Eso no significa que estén a punto de quebrar. Pero en todo caso sus dificultades parecen estar alcanzando un punto crítico. Dado que sus acciones están cayendo, reunir mucho más capital propio sería un reto enorme. Pero si llegan al borde, el Gobierno no puede dejarlas caer.

En primer lugar, las GSE han comprado este año el 80% de las hipotecas originadas en Estados Unidos. Perder esa demanda sería catastrófico para el mercado inmobiliario ya de por sí hecho trizas. Además, aunque el Gobierno niega ser responsable de los 3,2 billones de euros de deuda pendiente de las GSE, los inversores (incluidos grandes compradores de deuda estadounidense como el Banco Central Chino) la consideran casi como títulos públicos. Si las GSE quebrasen y el valor de su deuda se desplomase, esos compradores huirían.

Dado el caso, la nacionalización parece el supuesto menos malo. Nominalmente parece barato: la capitalización bursátil sumada de Fanni y Freddie es sólo de 11.450 millones de euros. Pero absorber 3,2 billones de euros de deuda de las GSE situaría las obligaciones de la administración pública en torno al nivel del PIB estadounidense. Eso degradaría la credibilidad del país y dificultaría la deuda pública estadounidense. Las hipotecas también se encarecerían y posiblemente escasearían más.

Si el Estado no absorbe las GSE, debería recapitalizarlas y volver a privatizarlas tan pronto como sea posible. La clave estaría en convencer a los mercados de que esta vez no ha habido realmente un respaldo público implícito. A lo mejor ayuda dividirlas en empresas más pequeñas y competitivas y obligarlas a capitalizarse en consonancia con los bancos. El aumento de los costes de financiación encarecería las hipotecas de los nuevos prestamistas. Pero es mejor que no tener ninguna.