Todo aplazado

Resolver en una semana el problema del no irlandés en referéndum al Tratado de Lisboa hubiese sido como lograr la cuadratura del círculo. Por tanto, poco se podía esperar del Consejo Europeo celebrado ayer y anteayer en Bruselas, en el que, por otra parte, los Veintisiete acordaron levantar las sanciones políticas a Cuba a iniciativa española. Los líderes de la UE simplemente decidieron continuar con el proceso de ratificación del tratado (faltan todavía ocho países por hacerlo, entre ellos España) y abordar de nuevo el caso dentro de cuatro meses, en la cumbre de octubre bajo presidencia francesa, que con la crisis irlandesa va a quedar muy deslucida. En resumen, todo aplazado, pero con el agravante de que la situación es incierta en la República Checa, a expensas de lo que dictamine su Tribunal Constitucional, y el peligro de que se reabra el debate en el Reino Unido después de que el Supremo haya solicitado al Gobierno de Brown retrasar la ratificación hasta que se resuelva un recurso sobre la petición de un referéndum.

En estas circunstancias, el camino para que la minirreforma salga a flote está lleno de trampas, porque de poco sirve afirmar que el proceso sigue y que no habrá ningún "periodo de reflexión" como el que se produjo en 2005 tras el rechazo de Francia y Holanda al proyecto de Constitución. Aquel revés sumió a la UE en una gran crisis y desembocó en la revisión de esa frustrada Carta Magna, convertida luego en un modesto y farragoso tratado necesario para reformar las instituciones comunitarias y agilizar la toma de decisiones en un bloque cada vez más ingobernable de 27 socios. Quizás ahora la crisis no sea de tanto calado, pero refleja los mismos egoísmos nacionales de siempre y la escasa identificación ciudadana con la idea de Europa, acentuada por una etapa con dirigentes europeos de capacidad de liderazgo bastante limitada.

Es absurdo insistir en que el problema es exclusivamente irlandés y que debe ser Dublín quien arregle el entuerto. Se trata de un problema general de los Veintisiete, que puede ampliarse si el Parlamento de Praga rechaza el texto, tal como anhela el euroescéptico presidente checo, Vaclav Klaus. Si la República Checa se opone también al tratado quizás entonces sería el momento de darlo por muerto. Pero no antes. El no de Irlanda no parece tener más salida que la repetición de la consulta, idealmente antes de las elecciones europeas de junio próximo, incluyendo alguna concesión, como la de conservar su comisario europeo durante una o dos legislaturas.

Lo que ya no tiene remedio es la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa: no será el 1 de enero próximo, con lo cual ni habrá presidente de la Unión, ni superministro de Exteriores, ni servicio diplomático europeo por ahora. Persiste, pues, la sensación de crisis existencial y funcional que arrastra la UE desde la ampliación de 2004 y la conveniencia de abrir el debate sobre una Europa a varias velocidades.