La Generalitat intenta dirigir el debate de las balanzas fiscales

El Gobierno catalán ha encargado "para lo antes posible" un informe sobre la balanza fiscal de Cataluña con la Administración central, con el objetivo de dar "transparencia", con datos actualizados, a la diferencia entre lo que la comunidad catalana aporta y lo que luego recibe del Estado.

El encargo del consejero de Economía, Antoni Castells, a un grupo de expertos se anunció ayer, el mismo día que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hacía un guiño a CiU en el debate de investidura y se comprometía ante su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, a publicar las balanzas fiscales antes de dos meses y a conocer la información de primera mano del ministro Pedro Solbes.

El Departamento de Economía desvinculó el encargo de cualquier acercamiento de Zapatero a CiU. Sin embargo, el Gobierno catalán quiso dejar clara su voluntad de encabezar el debate de las balanzas fiscales y de todas las cuestiones prioritarias para Cataluña que se plantean en la nueva legislatura. Por una parte, los diputados del PSC en el Congreso se esforzaron en minimizar las concesiones a CiU, informa Josep Garriga desde Madrid. Por otra, el entorno del presidente José Montilla subrayó que éste ha hablado en los últimos días con Zapatero para instarle a desencallar una lista de asuntos clave.

A la cabeza de esa lista figura la financiación autonómica y las balanzas fiscales -aunque Castells advierte de que ambas no pueden confundirse y rechaza que la negociación de la financiación deba centrarse en cómo reducir el déficit fiscal-, junto a la sequía, el desarrollo del Estatuto, las inversiones del Estado en infraestructuras que fija éste y la creación de un consorcio con participación catalana para El Prat.

Entre el 9,2% y el 6,8%

Los expertos a los que Castells ha hecho el encargo son los mismos que, ya en 2005, estimaron con datos de 2001 a cuánto asciende el déficit fiscal catalán. Con el método llamado del flujo monetario (que atribuye el gasto público a la región en que éste se materializa) lo situaba en el 9,2% del PIB catalán, lo que se traducía en 11.307 millones de euros. Con el flujo de beneficio (metodología que asigna el gasto en la región donde reside el beneficiario al margen de dónde se realice), el déficit era de 6,8%. O 8.407 millones.