Hacienda eleva a 8,1 millones el fraude total de la trama de Irún

El fraude cometido en la oficina de la Hacienda de Irún resulta mucho más elevado de lo que se calculó inicialmente. El quebranto económico causado a la Diputación de Guipúzcoa asciende a un total de 8.125.106 euros, cifra total que la institución foral ha dejado de ingresar como consecuencia de la estafa perpetrada por la trama supuestamente dirigida por José María Bravo. El ex director de la citada oficina tributaria permanece en prisión desde el pasado 11 de julio por orden de la juez que investiga este caso.

La juez permite al departamento actuar como "policía judicial"

La Hacienda guipuzcoana ha concluido la revisión de todos los expedientes irregulares que fueron dados de baja por prescripción o insolvencia durante el periodo 1989-2004, según informó ayer el diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, de EA, en una comparecencia a petición propia ante las Juntas Generales. José María Bravo estuvo al frente de la Hacienda de Irún entre 1991 y 2004, aunque anteriormente dirigió la sucursal tributaria de Rentería.

Hacienda ha analizado un total de 7.721 expedientes, lo que ha permitido acreditar la existencia de irregularidades en cerca de un centenar de casos, la mayoría correspondientes a pequeños profesionales morosos. Estos contribuyentes realizaron pagos para saldar sus deudas, aunque las cantidades recaudadas por la trama dirigida por Bravo nunca fueron ingresadas en las cuentas de Hacienda. Por estos hechos se encuentran imputadas, además del ex director de la sucursal de Irún, otras cuatro personas.

La suma final del fraude (8,1 millones de euros) supone un salto cuantitativo muy notable respecto a los "aproximadamente seis millones" que se había fijado hasta ahora desde el propio Departamento de Hacienda. Del montante global detraido al fisco guipuzcoano, los responsables de la trama se habrían apropiado ilícitamente de al menos 1.638.552 euros, precisó González.

El incremento del volumen defraudado responde al descubrimiento de nuevos expedientes con anomalías durante las labores de investigación que puso en marcha en octubre del año pasado el actual equipo de Hacienda. Durante tres meses de trabajo, 18 funcionarios han examinado todas las deudas dadas de baja entre 1989 y 2000.

Estas pesquisas se suman a las que se habían realizado el anterior equipo de Hacienda, que revisó en colaboración con la Fiscalía de Guipúzcoa 5.954 expedientes correspondientes al periodo 2001-2004, y en las que se sacó a la luz 37 casos con ilícitos penales. Estos expedientes totalizan un fraude de 7,5 millones de euros.

En esta segunda fase de la investigación, cuyos datos no se habían difundido hasta ayer, se han analizado otros 1.767 expedientes tramitados por las sucursales tributarias de Irún y Rentería en los años en que estuvieron bajo la responsabilidad de Bravo. Un total de 51 de ellos presentan anomalías (dos son de Rentería) y ya han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún. El importe dado de baja irregularmente con ellos asciende a 571.968 euros.

El diputado González explicó que la juez instructora ha solicitado a su departamento que investigue "en profundidad" estos nuevos casos con el fin de determinar si contienen elementos probatorios de un delito contra la Hacienda pública. Funcionarios del departamento actuarán "como una policía judicial" y podrá interrogar a los contribuyentes afectados por estos expedientes. Un acuerdo con el juzgado y la fiscalía facultará a la Hacienda para citarles a declarar, sin que estos se puedan negarse a acudir alegando la falta de competencia foral para realizar estas labores.

Tras la intervención de González, el socialista Julio Astudillo afirmó que en estos momentos "sólo falta depurar las responsabilidades políticas". EB y Aralar calificaron de "escandalosas" las cifras del fraude.