Un juez subraya la "relevancia pública" del incremento patrimonial de Fabra

Un juez considera "cierto" y de "relevancia pública" el incremento patrimonial de Carlos Fabra y añade que resulta "sintomático" que el presidente de la Diputación de Castellón no recuerde que, pese a tener un millón de euros en sus cuentas, le salió a devolver la declaración de la renta. Estas afirmaciones forman parte de una sentencia que desestima una demanda contra los socialistas presentada por el jefe del PP de Castellón en respuesta a una publicidad electoral contra la corrupción que citaba a Fabra y al vicepresidente primero de la Diputación castellonense y alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez.

Fabra y Martínez presentaron una demanda contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, y el PSPV-PSOE por vulnerar su derecho al honor y su imagen. El motivo eran unos anuncios publicados en periódicos locales, durante la campaña de las pasadas elecciones municipales, bajo el encabezamiento "Contra la corrupción: Paciencia hasta el 27 de mayo".

En ellos se preguntaba a los lectores si alguna vez les habían regalado fincas como al vicepresidente de la Diputación, si habían tenido un millón de euros repartidos en 94 cuentas [según la sentencia, 39 según la publicidad] como Fabra, a quien, además, le salía la declaración de la renta a devolver, y si en su casa había votado más de una familia, en referencia a la supuesta manipulación de censos electorales en varios municipios de la provincia.

Carlos Fabra y Francisco Martínez entendían en su demanda que se les estaba "tildando de corruptos" sobre la base de "unos hechos o supuestas irregularidades que son falsas", y reclamaban una indemnización de 240.000 euros.

El titular del Juzgado número 1 de Castellón rechaza en su sentencia, emitida el pasado 7 de enero, las pretensiones de ambos cargos del PP y absuelve a los socialistas. El juez Rafael Giménez dice que los hechos denunciados en la campaña publicitaria "están dotados de relevancia pública". El magistrado añade que "contribuye a ese interés la anormalidad" de los hechos denunciados y concluye que las informaciones ofrecidas sobre Fabra y Martínez "son ciertas", porque el propio vicepresidente primero "reconoció" en su declaración ante el juzgado que "recibió en donación bastantes fincas", además de lo expuesto en "las notas registrales" presentadas por los demandados referidas a sus propiedades.

Respecto al millón de euros en 94 cuentas de Fabra, el titular del Juzgado número 1 de Castellón sostiene que "debe llegarse al mismo resultado", es decir, a la veracidad de las afirmaciones, "porque es sintomático que", en su declaración judicial, Carlos Fabra "no recuerde si le salió a devolver la declaración de la renta y que no niegue la titularidad de las cuentas o el importe referido en las mismas". Respecto a la supuesta trama de los censos electorales, el juez dice que "el interés general" de esta información "está fuera de toda duda", y admite "la existencia y notoriedad" de varios casos.

El juez concluye que se trata de "hechos veraces y de relevancia pública", y condena a Carlos Fabra y a Francisco Martínez a las costas del proceso, que ascienden a unos 10.000 euros más IVA, según fuentes del caso.

El secretario general del PSPV en Castellón, Juli Domingo, exigió ayer al presidente regional del PP y de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que "tomen cartas en el asunto de una vez" y provoquen "la dimisión de Fabra de todos sus cargos".