La gestora recibió informes contra los comercios irregulares

Ni el consejo asesor de la Diputación Provincial de Málaga ni un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga se mostraron partidarios de que la Comisión Gestora de Marbella (Málaga) concediera licencias provisionales a unos 600 comercios emplazados en edificios ilegales. A pesar de que solicitaron asesoramiento oficial, el consejo de la Diputación malagueña prefirió no pronunciarse sobre esta medida, mientras que el profesor consultado lo desaconsejó añadiendo que no existían fórmulas dentro de la ley que se adaptaran a la peculiar situación de Marbella. El experto acompañó su consejo de varias resoluciones judiciales emitidas en otras comunidades autónomas, una de ellas la Valenciana, con dictámenes contrarios a las licencias provisionales. Ninguna de ellas aconsejaba que siguieran adelante con la medida.

La intención de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, de crear una normativa que permita conceder estas licencias transitorias hasta que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana y se comiencen a regularizar los edificios ilegales ha sorprendido hasta a los mismos comerciantes, casi convencidos de que no había solución a corto plazo para sus problemas. Muñoz se ha dado un mes para llevar al pleno esta medida, que afectará a 1.000 negocios en situación irregular, según cálculos municipales.

La concesión de licencias de actividad comercial es competencia municipal, mientras que las grandes superficies y establecimientos también necesitan autorización de la Consejería de Turismo. Para que un local consiga este permiso, el Ayuntamiento debe acreditar que es apto para el desarrollo de la actividad y que cumple con la normativa urbanística aplicable, algo que no se puede certificar en el caso de los edificios de Marbella que tienen expedientes abiertos por irregularidades urbanísticas o que cuentan con sentencias en su contra. Entre los negocios afectados por el caos urbanístico que ha padecido la ciudad en los últimos 15 años, hay comercios que no tienen licencia, pero que siguen abiertos al público; y locales con permisos amparados en informes urbanísticos dudosos, ya que fueron concedidos con el Plan Urbanístico de 1998 como referencia, un documento que Jesús Gil aprobó de forma unilateral en pleno y que fue anulado por los tribunales.