ANV recurre al Tribunal de Estrasburgo la anulación de sus candidaturas

Aunque pende sobre ella la amenaza de ilegalización, Acción Nacionalista Vasca (ANV), el partido abertzale para el que la ilegalizada Batasuna pidió el voto en las elecciones de mayo, intensifica su actividad en todos los frentes, incluido el judicial. Sus abogados han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, sendas demandas contra la decisión del Tribunal Supremo de anular 125 candidaturas presentadas a las pasadas municipales y siete para los comicios forales en los tres territorios de la comunidad, así como la lista al Parlamento de Navarra.

En su demanda, los letrados de ANV consideran que la anulación parcial de sus planchas violó tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: los relativos a la libertad de expresión (artículo 10), a un recurso judicial efectivo (13) y el que ampara la libertad de asociación (11).

En la segunda demanda, la referida a la anulación de la candidatura al Parlamento navarro, los abogados del partido abertzale entienden que la resolución del Tribunal Supremo vulneró el artículo 3 del protocolo 1 del citado convenio, en el que se establece la obligación de celebrar elecciones que "garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo".

Las demandas subrayan la "ingeniería jurídica" que, a su juicio, emplearon tanto el Supremo como el Constitucional para estimar las demandas de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado. Y censuran que "mezclaran" en sus resoluciones judiciales la ley de Partidos y la ley de Régimen Electoral General para anular unas candidaturas presentadas por un partido legal como ANV.

Las demandas censuran también que el Tribunal Constitucional no efectuase "un análisis individualizado de cada una de las candidaturas" cuando ratificó la decisión del Supremo. Todo el proceso ha puesto de manifiesto, según ANV, el "carácter político de la actuación del Estado" contra esta formación, así como la "falta de argumentos jurídicos que justificaran una medida tan grave".

Las demandas resaltan que ni el Tribunal Supremo ni luego el Constitucional evaluasen la injerencia de sus resoluciones en derechos fundamentales.