Varapalo de la UE al canon digital español

El canon sobre soportes digitales no puede cobrarse indiscriminadamente. La Administración y las empresas no deberían satisfacer el canon en sus compras de soportes y aparatos porque no los emplearán para almacenar obras con derechos de autor. Ésta es la tesis que defiende el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, en su respuesta a una pregunta del eurodiputado de Iniciativa Raúl Romeva. Según McCreevy, sólo deberían estar sometidos a canon aquellos productos que vayan a utilizarse "en medida apreciable" para hacer copias de uso privado.

El movimiento Todoscontraelcanon remitió ayer esta respuesta a Industria y Cultura para que interrumpan la aplicación del canon. Justicia, por ejemplo, paga el canon por la documentación digital de los juicios. Sólo en la jurisdicción civil y hasta 2005 ha empleado millón y medio de CD. Todoscontraelcanon mostró ayer su satisfacción por "el respaldo que nos muestra la Comisión Europea". Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores (SGAE), manifestó a este diario que las sociedades de gestión no se han opuesto a una excepción de esta naturaleza siempre que el control sobre el uso de los soportes digitales sea eficaz. "Podría contemplarse que la Administración no pagara el canon si introduce controles eficaces sobre el empleo de sus soportes digitales. De todos modos, resultarían más caras estas medidas que el pago del canon". Farré previene que en el cálculo sobre el importe del canon se ha tenido presente que la Administración lo paga. "Si se la exime, el canon de los particulares debería subir la cuantía". Con respecto a las empresas privadas, considera más polémico un control público del uso que hagan de los cedés adquiridos. Farré ve imposible que la inminente orden ministerial que fijará las nuevas tarifas del canon pueda contemplar alguna excepción "porque requiere una negociación".

Por otra parte, el PSOE ha enmendado la llamada Ley de Internet (LISI) para limitar a los jueces la facultad de cerrar webs "cuando colisionen con la libertad de expresión". Con todo, la Asociación de Internautas critica que en el resto de supuestos, la ley sigue permitiendo a "órganos competentes" el cierre de una web.