Un informe de Urbanismo declara ilegal un museo que levantó el Ayuntamiento de Sanxenxo en área protegida

El Ayuntamiento de Sanxenxo ha levantado en un espacio protegido un museo que, según Salvemos Pontevedra, es ilegal. El colectivo ha presentado una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque la Consellería de Política Territorial autorizó el inmueble sin tener en cuenta un informe que advertía de que el proyecto incumplía la legislación. Salvemos Pontevedra acusa a una jefa de servicio de este departamento de bloquear una resolución contra las obras.

El Ayuntamiento adquirió durante el mandato de Telmo Martín (PP) una antigua fábrica de la parroquia de Vilalonga para restaurarla y convertirla en un museo del mar y centro de interpretación. Cuando en 2004 el gobierno local pidió permiso a la Xunta del PP para ejecutar las obras Política Territorial emitió un informe en el que advertía que el uso que se pretendía dar al inmueble estaba "prohibido".

Este informe no impidió que el entonces director general de Urbanismo, Martín Fernández Prado, autorizase las obras en junio de 2005. Salvemos Pontevedra interpuso un recurso de alzada contra esta decisión que sigue sin resolverse dos años después.

En este tiempo se produjo el cambio de gobierno. La Dirección Xeral de Urbanismo, ya en manos del PSdeG, analizó la reclamación de los ecologistas y emitió un informe en el que acepta sus argumentos. El dictamen confirma que la ejecución de un museo es un "uso prohibido" en esa parcela y revela que las obras no consisten en una restauración sino en una demolición ilegal que no cuenta con autorización. Los técnicos de Urbanismo certifican asimismo que el proyecto prevé un edificio nuevo con más altura de la permitida.

Este informe que da la razón a los ecologistas fue emitido en julio de 2006 pero nunca dio pie a una resolución que parara las obras, ya ejecutadas. Salvemos Pontevedra acusa de "pasividad" a la funcionaria de Política Territorial que debe firmar la resolución. La consellería achaca la situación a un "retraso administrativo" heredado de la anterior Administración y dice que el recurso de 2005 se resolverá "en breve".