Ahora, a controlar las ONG

La Administración de George W. Bush investigará a miles de trabajadores de organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), con el objetivo de asegurarse de que no tengan conexión alguna con individuos o grupos relacionados con el terrorismo.

El proyecto, denominado Sistema de Control de Colaboradores y presentado en el Registro Federal, exige a esas organizaciones facilitar al Gobierno de Washington información detallada sobre los colaboradores de sus proyectos, incluidos nombre, dirección, correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, número de pasaporte, profesión, etcétera.

El plan, que entrará en vigor el próximo día 27, ha producido preocupación y debate entre las mayores organizaciones humanitarias no gubernamentales estadounidenses. Representantes de InterAction, que agrupa a 165 ONG extranjeras, han indicado que la medida va a implicar graves riesgos, y consideran que no tiene base legal, por lo que han pedido que sea retirada.

En una carta enviada la semana pasada por el presidente de InterAction, Samuel A. Worthington, a los responsables del proyecto se afirma que el plan "pone en peligro la vida de los ciudadanos estadounidenses que participan en actividades humanitarias en el exterior", y añade que "si son percibidos como una extensión de los servicios de espionaje, los ataques terroristas contra ellos no harán sino aumentar". Worthington recuerda que las organizaciones agrupadas en InterAction cuentan con el masivo apoyo de los estadounidenses, como prueban los "5.000 millones de dólares [unos 3.700 millones de euros] que reciben anualmente de millones de personas" en el país.

Worthington lamenta la falta de diálogo del Gobierno estadounidense en esta iniciativa, pese a las promesas de consultas previas formuladas ante el Congreso, y destaca que el reglamento supondría el desvío de su esfuerzo en labores burocráticas de una "iniciativa cuestionable". Entre otros argumentos en contra del proyecto, subraya la posibilidad de violar las leyes de privacidad en otros países, lo cual expondría a los miembros de sus organizaciones al riesgo de verse imputados en los tribunales de justicia. Igualmente, destaca la más que probable negativa de muchos cooperantes y empleados estadounidenses a ver sus datos personales incorporados a una base de datos "que aparentemente va a ser compartida con organismos de la seguridad estadounidense y sus servicios de espionaje".

El Consejo Global de la Salud, una alianza internacional de profesionales sanitarios de más de 100 países, describió ayer el plan como un medio para recopilar información.