El Gobierno confía en que Navarra retire su recurso a la Ley de Dependencia

El Gobierno confía en que el Ejecutivo navarro de Miguel Sanz retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Dependencia, según anunció ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Si Navarra retira el recurso, la Ley de Dependencia, proyecto estrella del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, no podría ser declarado inconstitucional, ya que ninguna otra autonomía lo ha recurrido y han pasado los tres meses que marca la ley para hacerlo. El recurso navarro se basaba en que la ley invadía sus competencias.

Caldera recordó que el de Navarra es "el único recurso" de inconstitucionalidad contra la ley y resaltó que ni Cataluña, el País Vasco o Galicia, "donde toman asiento grupos nacionalistas" y de izquierdas y que son "celosos defensores del autogobierno", han creído que "la ley invada competencia alguna", informa Efe. Aun así, señaló que "si en la aplicación se tienen que adoptar medidas para que el Gobierno de Navarra no sienta invadida ni condicionada su autonomía, lo haremos". Por ello, confió en que haya acuerdo.

Sanz ya anunció en el debate de investidura que los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Dependencia presentados por el Gobierno y el Parlamento autonómico no se convertirían en un obstáculo para el entendimiento con los socialistas en este mandato, en el que UPN y CDN carecen de mayoría absoluta.

El portavoz socialista en la cámara foral, Roberto Jiménez, en su respuesta al discurso de Sanz, se lo pidió expresamente: "No sólo le estoy pidiendo que retire los recursos ante el Tribunal Constitucional -que también, por ejemplo el de la Ley de Dependencia, porque dichos recursos no favorecen a Navarra- sino también que evite los conflictos". Ahora, los socialistas han presentado una moción en el Parlamento reiterando esa petición.

"Cuestión de forma"

Sanz se comprometió a retirar el recurso si antes se resolvía "una pequeña cuestión de formas que afecta al Fuero". Para ello anunció que convocaría la Junta de Cooperación, una institución prevista en la Ley de Reintegración y Amejoramiento (el Estatuto de Navarra) y formada representantes de los Gobiernos central y navarro para resolver discrepancias entre el Estado y el Ejecutivo foral. La pasada legislatura, el presidente navarro, todavía con mayoría absoluta, rechazó convocar esa comisión.

La promesa de retirar estos recursos es sólo una de las concesiones que Sanz ha hecho al PSN desde que supo que renovaría como presidente. En su investidura asumió como propias 11 de las 12 propuestas con políticas sociales que el secretario general de los socialistas navarros, Carlos Chivite, le planteó la víspera.

Otro de sus gestos a los socialistas fue el distanciamiento tácito del PP que se ha producido con su propuesta de que su partido, UPN, tenga voz propia en el Congreso.