El peor escenario del día después

Tanto la Administración central como la local, reunidas en el Consorcio Valencia 2007, han expresado su voluntad de que Valencia vuelva a ser la sede del acontecimiento deportivo en el supuesto de que el Alinghi se haga de nuevo con la Jarra de las Cien Guineas. Sin embargo, en el supuesto de que Valencia no logre ser reelegida por America's Cup Manegement (ACM) y Rita Barberá permanezca en la alcaldía, las fricciones entre ambos recrudecerían en el peor de los escenarios.

Jordi Sevilla deslizó ayer que en ese caso el Gobierno central se replantearía el destino de las infraestructuras que acaban de ser inauguradas. Incluso sugirió varias posibilidades de futuro, y entre ellas una que sería regresiva y nefasta para la sutura de Valencia con el mar: que el puerto industrial recuperara el espacio que la ciudad ha conquistado para llenarlo de contenedores. El ministro introducía así una inquietud innecesaria, aunque lo más probable es que sólo pretendiera subrayar la propiedad del Gobierno sobre la parte de la infraestructura desafectada con ánimo de disuadir las irrefrenables tentaciones de Barberá de monopolizar y rentabilizar políticamente el evento deportivo.

Hasta el momento, la alcaldesa no ha hecho otra cosa que aprovechar todas las fisuras que le ha proporcionado el Gobierno. Y la principal de ellas, el hecho de que la devolución al Estado de la inversión en las obras de la Copa del América a través de su explotación no sea percibida como una contribución neta del Gobierno.

Sevilla quiso hacer ayer una reivindicación de la aportación económica del Estado, más allá de los créditos del ICO, con los suelos aportados para el evento. Pero la alcaldesa, sin duda, ya había descubierto vías de penetración electoral cuando le contestó que la mitad del puerto pertenece a la ciudad. Es cierto que el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Valenciana firmaron un convenio por el que la Administración central cedía el uso de la dársena interior a la ciudad a cambio de la construcción de un acceso norte para el puerto, aunque la propiedad jurídica del dominio es del Estado. Todo aquello que afecta a usos privativos es de la Administración central, según varios especialistas consultados.

Incluso en caso de que el encabritamiento político fuera a mayores y se entablara una hipotética batalla jurídica por la propiedad del espacio desafectado, el Ayuntamiento tendría las de perder. Para empezar, el hecho de que el puerto carezca de un plan de utilización de los espacios portuarios, que sirve para delimitar la zona del domino público marítimo-terrestre, es decir la superficie exacta del puerto y por tanto el espacio exacto que le fue cedido a la ciudad, podría dejar el convenio sin efecto, ya que se firmó sobre una base inestable.