La gestora ha enviado 12 causas al fiscal Anticorrupción

Desde que comenzó su mandado, la Comisión gestora de Marbella ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga al menos una docena de casos, entre los que hay pagos por obras que finalmente no se realizaron y facturas sospechosamente abultadas o que podrían haberse cobrado dos veces.

En este tiempo, también se han detectado ingresos realizados por promotoras en concepto de aprovechamientos que podrían rondar los 65 millones de euros, según el presidente de la gestora Diego Martín Reyes. Ese dinero fue recibido por el Ayuntamiento en virtud de convenios urbanísticos que fueron retirados y no se han llevado a cabo, por lo que es muy probable que ese dinero sea reclamado por las empresas, ya que no los han podido ejecutar.

Según Martín Reyes, se está tratando de acomodar en el nuevo Plan General a 27.000 de las 30.000 viviendas ilegales construidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL). El futuro del resto, será estudiado caso por caso, ya que la población cuenta con una gran necesidad de equipamientos públicos.

A comienzos de año, la comisión gestora rechazó las primeras demoliciones ordenadas por los tribunales, que afectan a 70 viviendas ocupadas, y envió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que abogaba por "soluciones más mesuradas".

La semana pasada también se pidió el aplazamiento del derribo de una nave de materiales de construcción, también ilegal, "hasta que se aclaren las operaciones y acuerdos municipales que beneficiaron a la empresa propietaria".