Cacharro se suma al rechazo a la explotación de las minas de cuarzo

La Diputación de Lugo acordó ayer requerir a la Consellería de Innovación e Industria "toda la documentación" sobre la concesión para la explotación, por parte de la empresa Erimsa, de tres minas de cuarzo a lo largo de 5.670 hectáreas en la comarca luguesa de A Terra Chá. La documentación servirá de base para adoptar medidas legales contra unas concesiones que el propio presidente del ente provincial, Francisco Cacharro, reconoció que pueden generar un impacto ambiental "tremendo".

El acuerdo se adoptó a partir de una moción del BNG en la que se pretendía que la Diputación se adhiriera a un recurso de alzada ya interpuesto por varios colectivos de la comarca afectada. Cacharro dijo que en el ente que preside no consta ni el detalle de las concesiones ni los términos del recurso.

Con este argumento, el BNG aceptó aplazar la moción con el compromiso de requerir la documentación e iniciar los trámites para presentar un recurso que, afirmó Cacharro, "igual es más contundente" que el ya está presentado, todo ello sin descartar un contencioso-administrativo.

En medio de un debate sobre quién tiene la culpa de las concesiones, Cacharro lamentó que desde la Consellería de Industria no se le hubiera trasladado a la Diputación toda la documentación relacionada con estas explotaciones mineras, que afectan a una zona declarada Reserva de la Biosfera y que está gestionada por el organismo provincial.

"Impacto tremendo"

Cacharro participó de la alarma que se ha generado en la zona objeto de concesión, que afecta a seis ayuntamientos, porque, afirmó, "el impacto en el medio ambiente puede ser tremendo en una zona con una capa freática de escasa profundidad y donde cualquiera actuación puede complicar de una forma tremenda el sistema hídrico de A Terra Chá".

El presidente de la Diputación lucense echó en falta un pronunciamiento de la Consellería de Medio Rural, porque se estima que la mitad de la población activa de los seis ayuntamientos se verá afectada, así como un informe de la Confederación Hidrográfica, porque la explotación puede afectar a la cuenca alta del Miño.

Cacharro, que siempre hizo recaer la responsabilidad sobre la Consellería de Industria, dijo que las concesiones fueron el resultado de una "alianza con el gran capital" para "jorobar a los ganaderos de A Terra Chá sin informar a la Confederación Hidrográfica, ni a la Diputación, ni a la Reserva de la Biosfera".

Aunque aceptó la propuesta de Cacharro de dejar la moción sobre la mesa, el portavoz nacionalista, Xosé Antón Bao, echó la culpa al informe ambiental favorable otorgado por el Gobierno en funciones de la Xunta y atribuyó la falta de información al deterioro en las relaciones entre el propio presidente provincial y el ex conselleiro de Medio Ambiente, José Manuel Barreiro.