30.000 casas ilegales marbellíes

Las demoliciones de casas ilegales recorren Marbella como un fantasma. En el corazón del debate social y con las elecciones municipales como telón de fondo, para unos vecinos supone una amenaza real de desalojo, y para otros la restitución de la legalidad urbanística ignorada en la ciudad los últimos 15 años.

Durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) se han construido en la ciudad unas 30.000 viviendas ilegales. La Junta va a pedir la demolición de aquellas que se hayan alzado sobre suelos que el planeamiento destinaba a sistema general de equipamientos y zonas verdes, unas 5.000 aproximadamente, pues considera muy grave la pérdida de dotaciones que ha sufrido la ciudad en estos años.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado al menos 33 sentencias en las que anula licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento y que afectan a más de 2.800 viviendas. 17 resoluciones ya son firmes, y declaran ilegales 785 viviendas. La Junta, que impugnó las licencias, ha pedido al tribunal que ordene la demolición de 334 construidas en suelos que estaban reservados para equipamientos públicos. "Los equipamientos públicos son los atributos más sagrados de una ciudad y bajo ningún concepto puede construirse en ellos", explica José María Povedano, director de la Oficina de Planeamiento de Marbella que gestiona la Junta.

Ante la controversia generada, la sociedad marbellí se ha polarizado. La plataforma vecinal 29 de marzo, formada por una decena de comunidades de propietarios de edificaciones aledañas a los inmuebles ilegales, junto a los ecologistas, solicitan el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes. Mientras, los propietarios de estas viviendas ilegales crearon una plataforma independiente para lograr que los grupos políticos locales rechacen los derribos al unísono. Estos vecinos podrán personarse como afectados y ser oídos por el TSJA antes de que éste decida sobre la demolición solicitada por la Junta. Será un proceso lento, de varios meses.

En la cruda batalla política, el PP ha tomado las posibles demoliciones como bandera para cuestionar la actuación de la Junta en Marbella y tildar de "inmoral" los derribos. El presidente andaluz del PP, Javier Arenas, opina que las familias "no pueden ser víctimas de lo que ha pasado". Mientras que la Junta mantiene firme su postura, el candidato a la alcaldía y consejero de Turismo, Paulino Plata, ha restado contundencia a la petición de ejecuciones de sentencias al TSJA por parte del Gobierno regional. "Es muy importante ver el lado humano del problema", dice.