Una recalificación con trampa

La recalificación de los terrenos de Costa Esuri fue la consecuencia de un convenio urbanístico pactado en 1990 entre el Ayuntamiento de Ayamonte y un grupo de ocho empresas, todas con la misma dirección de Barcelona y fecha de constitución (el día anterior a la compra). La recalificación se integraría en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "pero finalmente, el PGOU no se redactó, y para adaptar Costa Esuri a la ciudad se optó por la vía de las Normas Subsidiarias, que se aprobaron en 1995 y concedieron la recalificación", explica Iñaki Olano, portavoz en Ayamonte de Ecologistas en Acción.

En este punto es donde Ecologistas en Acción observa la principal irregularidad de la operación: "Estaban obligados a hacer el estudio de impacto por la ley andaluza de Protección Ambiental, aprobada en 1994, y por la ley de Conservación de los Espacios Naturales, Fauna y Flora, de carácter estatal, de 1989", destaca Olano.

Como consecuencia de lo que consideraron una "clara irregularidad", los ecologistas presentaron alegaciones, denunciando este hecho, contra la Declaración Previa de Impacto Ambiental que se tramitó en 1998, sobre una posterior modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Costa Esuri. El dictamen de la Consejería de Medio Ambiente en la Declaración de Impacto fue "favorable" para el proyecto. En la resolución, la Junta respondió a las alegaciones de los conservacionistas recordando que la recalificación no estuvo sometida "al procedimiento de análisis ambiental por haberse iniciado su tramitación con anterioridad a la entrada en vigor" de la ley andaluza.

Para Olano, esta resolución no tiene sentido porque "la ley estatal de 1989 sí estaba en vigor y exigía lo mismo, una evaluación y estudio ambiental", asegura.