10 informes de Castilla y León advirtieron de ilegalidad de la mina de Laciana

Al menos 10 informes de los técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León advirtieron de que la mina de carbón de Feixolín ocupaba ilegalmente un monte protegido en el valle de Laciana (en el municipio de Villablino, León). Pese a esos dictámenes, la Junta permitió a la mina funcionar durante 10 años sin licencia ambiental ni urbanística. La empresa se enfrenta ahora a una multa de 170 millones que le impondrá el Ayuntamiento de Villablino, obligado por una sentencia judicial que declara ilegal la mina.

El 17 de mayo de 2005, el jefe del servicio territorial de medio ambiente de la Junta remitió un informe al juzgado en el que resumía la tramitación de la mina de Feixolín. La mina funcionaba desde 1995 pese a carecer de licencia, como después dictaminó un tribunal de León, que ordenó su cierre. El informe técnico destaca que 10 de las 16 peticiones de ocupación de suelo público que hizo la empresa nunca fueron autorizados por Medio Ambiente, que se opuso a la ocupación de monte público.

La Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) propiedad del empresario Victorino Alonso, ignoró las resoluciones contrarias, según el mismo informe: "Una vez comprobado que los terrenos estaban ocupados sin contar con resolución favorable, se procedió por parte tanto del agente forestal como de la sección territorial a denunciar los hechos". El texto admite que en la zona había urogallos antes de la mina y que la empresa había talado sin permiso 1.100 robles de más de cuatro metros de alto para abrir las carreteras de acceso a la mina. Pese a estos informes, el jefe de minas de Castilla y León declaró en el juzgado que en su opinión la mina era legal.

"Ilegalidad conocida"

Carlos González Antón, abogado del vecino que ha ganado el cierre de la mina, afirma: "Estos informes demuestran que la Junta, que es la competente en minas, conocía la ilegalidad cometida durante años". González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León, logró que el juzgado de lo contencioso declarase ilegal la mina y que, como resultado de esa sentencia, el ayuntamiento de Villablino haya impuesto una multa de 170 millones de euros a la empresa, la mayor minera privada de España. Esta es la mayor multa por infracción ambiental jamás impuesta en España, por encima de los 45 millones impuestos a Boliden por el vertido de Aznalcóllar. La empresa MSP anuncia que recurrirá la sanción a los tribunales.

La mina cerrará en marzo tras 12 años de explotación y haber agotado el yacimiento, ya que su vida estaba prevista inicialmente para 10 años. Ninguna administración pidió en ese tiempo el cierre de la explotación y fue un vecino, Antonio Arias Tronco, el que lo ganó en los tribunales. La zona es reserva de la biosfera, zona de protección del oso pardo y del urogallo y refugio de aves amenazadas como el roquero rojo o el halcón abejero, entre otras.