Chávez ofrece la nacionalidad venezolana a cuatro etarras para evitar su extradición

El Gobierno de Venezuela se ha comprometido a conceder la nacionalidad venezolana a cuatro presuntos etarras residentes en dicho país como forma de evitar su extradición a España, y ha pactado el pago de una indemnización por más de 325.000 euros a los miembros de ETA Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola como compensación por haberlos entregado a la justicia española en 2002. Así figura en el pacto alcanzado entre Caracas y los abogados de los dos últimos etarras, que presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Etxaniz Alkorta, antiguo miembro del comando Vizcaya, se encuentra cumpliendo condenas que suman 95 años de cárcel por tres asesinatos, mientras que Galarza Mendiola quedó en libertad después de permanecer en prisión durante tres años.

Ambos fueron detenidos por la policía de Venezuela en el año 2002 y deportados a España, donde fueron encarcelados y juzgados ya que estaban reclamados por la Audiencia Nacional.

Los abogados de Etxaniz y Mendiola presentaron, en noviembre de 2002, una denuncia contra el Estado de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta deportación ilegítima.

La denuncia fue admitida a trámite el pasado mes de marzo, lo que motivó que se abriera una negociación entre el Gobierno de Hugo Chávez y la representación de los dos etarras que culminó con un acuerdo el pasado junio.

El pago de la indemnización será, por tanto, el resultado de un pacto voluntario porque no se habían agotado los plazos ante el organismo en el que se presentó la denuncia ni este había emitido veredicto contrario al Gobierno de Venezuela.

El pasado 8 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el acuerdo y lo incluyó en el informe anual que se envía a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

En virtud del acuerdo alcanzado, el Gobierno de Venezuela "acepta su responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de los ciudadanos vascos [Galarza y Etxaniz] al haber procedido a realizar una deportación ilegal y entrega ilegal al Estado español".

Según el pacto, Venezuela reconoce la violación de diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

"Asilados políticos"

Pero el acuerdo no se limita a los dos denunciantes, sino que extiende su protección a otros etarras. Venezuela reconoce la presencia en su territorio desde los años ochenta de miembros de ETA, a los que califica de "ciudadanos vascos y vascas", por un pacto con el Gobierno español.

El Gobierno de Chávez agrega que varios de estos "asilados políticos" adquirieron la nacionalidad venezolana y, a continuación, ofrece la concesión de la nacionalidad a cuatro etarras que todavía no la tienen: Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Angel Aldana.

El acuerdo concreta las indemnizaciones para los dos deportados y a sus familiares. En el caso de Galarza las cantidades estipuladas suman un total de 132.000 euros, por "los sufrimientos causados a su persona y familiares".

Sebastián Etxaniz y su compañera sentimental recibirán 193.000 euros, además de una pensión mensual para esta última por valor de 750 euros mensuales. En este caso, el "daño moral" incluye "las torturas recibidas", entre otros conceptos.

Además, el Gobierno de Venezuela se compromete a realizar gestiones ante las autoridades españolas para que Etxaniz pueda cumplir la pena "en un recinto carcelario cercano a su lugar de origen". El pacto incluye la realización de, al menos, dos visitas al miembro de ETA en la cárcel para "cerciorarse de su situación carcelaria, conocer su estado de salud físico y psíquico y atender cualquier reclamo que realice con resto a la actuación de funcionarios penitenciarios".

Venezuela entregará a los familiares del preso un informe después de cada visita.