Un preso pidió beneficios por vincular a ETA con la matanza

Un preso común llamado Pedro Tomás Fernández Álvarez denunció el 22 de febrero de 2005 en la Audiencia Nacional que había "oído" en la cárcel conversaciones de algunos miembros de ETA en las que "manifestaban tener relación con el atentado del 11-M". La denuncia fue investigada por la policía, que restó toda credibilidad al denunciante porque pretendía obtener beneficios penitenciarios a cambio de datos "espurios", pero el informe sobre dicha pesquisa no fue remitido al juez Juan del Olmo, según revela la fiscalía de la Audiencia Nacional en su escrito de conclusiones provisionales.

La denuncia del recluso fue recogida por la jefatura de la fiscalía, que ordenó una investigación a la Comisaría General de Información. Ésta interrogó al preso y elaboró un informe sobre sus pesquisas. En dicho documento "se concluía que las declaraciones del referido denunciante carecían de credibilidad y que los datos que aportaba eran en su mayoría espurios".

Las fuentes consultadas indicaron que el recluso apenas había tenido contactos con presos de ETA y que, al rebufo de informaciones de medios afines al PP para vincular a toda costa a la banda terrorista vasca con los autores del atentado del 11-M, había pretendido que se le redujera la condena que estaba cumpliendo a cambio de su chivatazo.

Sin credibilidad

A pesar de que no se dio credibilidad alguna al testimonio de Pedro Tomás Fernández Álvarez, el informe que elaboró la Comisaría General de Información "no había sido remitido al juzgado instructor de la causa" del 11-M, es decir, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo.

Sin embargo, el citado informe se incorporó al expediente de la fiscalía de 9/2005 y ha sido adjuntado como uno de los numerosos anexos del escrito de conclusiones provisionales. El documento de la Comisaría General de Información es citado en la página 184 del escrito de la fiscalía, en el que también se apoya para decir que a lo largo de las investigaciones no se ha encontrado ni un solo dato objetivo que permita vincular a los terroristas etarras con la matanza de Madrid.

El escrito relata todas las gestiones encargadas por la fiscal Olga Sánchez y el juez a la policía y la Guardia Civil para aclarar cualquier relación entre islamistas y etarras, incluso entre aquellos que llevaban años en prisión antes del 11-M y todavía tendrán que pasar en presidio al menos un decenio. La referencia tan extensa a ETA ha estado motivada, según las fuentes consultadas, para despejar las dudas fabricadas en los dos últimos años sobre la matanza.