Rusia denunciará ante el fiscal al consorcio del proyecto Sajalín 2

El ministro de Recursos Naturales de Rusia, Yuri Trutnev, anunció ayer que en el plazo de dos semanas enviará a la Fiscalía General los materiales sobre las transgresiones medioambientales supuestamente cometidas por Sajalín Energy, el consorcio responsable del proyecto Sajalín 2, que está integrado por Royal Dutch Shell (55%) y las japonesas Mitsui (25%) y Mitsubishi (20%). Sajalín 2 es el mayor proyecto integrado de gas y petróleo de Rusia y la mayor inversión extranjera en este país. Trutnev dijo además que ha decidido prolongar hasta finales de noviembre la inspección que se venía efectuando y que debería haber concluido a fines de octubre. En el marco de Sajalín 2 se construye la primera planta de gas licuado de Rusia, que debe comenzar a exportar GNL en 2008.

El anuncio del ministro, efectuado en la ciudad de Yuzhno-Sajalinsk, supone un elemento más en la escalada de tensión en torno al ambicioso proyecto. En medios económicos se considera que el Kremlin trata de mantener las presiones sobre Sajalín 2 con el fin de hacerse con el control -o por lo menos con una parte- de Sajalín 2, que se acoge al régimen legal de producción compartida, una fórmula de los años noventa para atraer inversiones que hoy es rechazada por el Kremlin.

Gazprom, el consorcio de gas ruso controlado por el Estado, negocia con Royal Dutch Shell para intercambiar una participación en Sajalín 2 por otra en el campo de Zapolyarnoye, en el norte de Rusia. Sin embargo, las negociaciones se han atascado debido a un desbordamiento de los costes de Sajalín 2, que no es aceptado por el Estado ruso por cuanto demora su participación en los beneficios y debilita la posición negociadora de Gazprom.

Inspecciones

Durante un mes, una comisión especial llegada de Moscú ha inspeccionado las instalaciones de Sajalín 2 y se ha centrado especialmente en el tendido de 800 kilómetros de oleoducto y gasoducto que cruzan la isla, desde los yacimientos de hidrocarburos, en la costa nororiental, hasta la futura planta de gas licuado (GNL) en el sur. Ayer, Trutnev manifestó que las irregularidades (tala ilegal de árboles y otras) violan cinco artículos del código penal como mínimo y pueden ser castigadas con penas de hasta siete años de prisión.

El jefe de la comisión medioambiental inspectora desplazada desde Moscú, Dmitri Belanóvich, calculó en 100 millones de dólares los daños supuestamente causados al medio ambiente por el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de Sajalín 2, Ian Craig, puso en duda esta valoración, aunque afirmó que, si esta cifra se confirmaba, Sajalín 2 compensaría por los daños, como ha hecho en ocasiones anteriores.

Los problemas causados por las supuestas transgresiones medioambientales no se traducirán en un retraso del proyecto, señaló Craig, quien admitió que en "varias ocasiones" los contratistas o subcontratistas no respetaron las normas ecológicas.