Tarifa compleja

AUNQUE LA enrevesada situación de las OPA de Gas Natural y E.ON sobre Endesa, más las incursiones de las constructoras sobre las empresas energéticas, ocupa casi todo el protagonismo de la política económica, lo cierto es que l Gobierno se enfrenta a la urgencia de resolver en un plazo breve, apenas unas semanas, el complejo problema de la tarifa eléctrica para 2007. La importancia de esa decisión radica en que deberá articular un mecanismo de cálculo de los precios para el año próximo que elimine el sistema actual, generador entre otros despropósitos de un déficit anual de retribución a las empresas que oscila entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros, que los contribuyentes tienen que pagar en recargos aplazados en el tiempo.

No es fácil elaborar un sistema que recoja los costes de producción si se tiene en cuenta que en España no existe un mercado fiable que fije de forma independiente los precios de intercambio libre de la electricidad. Pero el Ministerio de Industria está obligado a intentarlo, para evitar el profundo descontento de las empresas y el riesgo de distorsiones que acaben afectando gravemente al suministro de electricidad.

Las autoridades energéticas se enfrentan a la tarea de convencer a los usuarios de que la época de rebajas en el recibo de la luz ha terminado. La ficción de que los consumidores podían beneficiarse de descensos de la tarifa se pudo sostener con un petróleo en precios bajos, tipos de interés negativos en términos reales que permitían recortar la carga financiera de las empresas y, sobre todo, la existencia de artificios como los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que dejaban abierta la puerta de percibir a su cargo lo que dejaba de ingresarse por los recortes de tarifa. Hoy la situación es diferente, como puede apreciarse por el nivel de precios del crudo y el encarecimiento del coste del dinero. La sensatez económica obliga a que las tarifas recojan de la manera más fiel posible los costes reales de producción de la electricidad. Si mediante una repercusión fiel de los costes se consigue además un efecto disuasorio del consumo que favorezca el ahorro energético, mejor que mejor.

En esta línea, no debe ser casualidad que el Gobierno esté pensando autorizar a las comunidades autónomas a que apliquen recargos en la tarifa con el fin de mejorar la calidad del servicio eléctrico en sus zonas de influencia. Carece de lógica que los Gobiernos autonómicos, responsables del control del suministro eléctrico y de sancionar sus deficiencias, no dispongan de recursos propios para acometer las inversiones específicas que necesiten. Está claro que el recargo estará justificado y será aceptado por los ciudadanos siempre y cuando queden claros los límites entre el mínimo de calidad que paga la tarifa común y la calidad añadida que financiará el recargo. No sería admisible que los clientes de las eléctricas pagaran dos veces el nivel de suministro al que tienen derecho por el precio que ya abonan.