Atasco judicial sin fondo

El ligero descenso de asuntos pendientes en los tribunales conseguido por primera vez en 2004 no ha pasado de ser una mera anécdota sin consecuencias. Lo ganado ese año se ha perdido con creces en 2005, en el que nuevamente se han puesto de manifiesto los límites reales de la capacidad resolutiva del sistema judicial español. La bolsa de asuntos pendientes supera ahora los dos millones, y ello como consecuencia de haber resuelto los tribunales 100.000 casos menos de los llegados en el año, más de siete millones y medio.

Esta última cifra, en aumento constante, puede ser reveladora de una creciente demanda social de justicia, al tiempo que de una litigiosidad exacerbada, sobre todo en el ámbito civil, que no encuentra salida a través de instrumentos de conciliación y de arbitraje. En todo caso, la creciente demanda judicial y la incapacidad para reducir la gigantesca bolsa de asuntos pendientes configuran una situación que la sociedad española percibe como un atentado a los derechos de los ciudadanos. Y de la que son sus directas víctimas los más de 12 millones de personas que, por unos u otros motivos, requieren los servicios judiciales cada año.

El gigantesco embudo constituye un desafío para el sistema judicial. Pone de manifiesto no sólo su incapacidad de ponerse al día, reduciendo paulatinamente el trabajo acumulado, sino incluso de sacar adelante los casos que llegan cada año, lo que cuestiona el derecho a una justicia sin dilaciones. También supone un reclamo permanente al Consejo General del Poder Judicial, más interesado en estos años en presentar batalla ideológica a la actual mayoría gobernante en asuntos que no le competen que en ejercer sus atribuciones sobre el funcionamiento de la oficina judicial.

Tampoco deja en buen lugar al Gobierno, cuya promesa electoral de que ningún proceso se prolongará más de dos años se aleja cada vez más de la realidad judicial. La duda es si esta situación podrá resolverse doblando las partidas destinadas a justicia -del 1% al 2% del Presupuesto del Estado- y creando 1.000 nuevas plazas de jueces en la actual legislatura, según prometió el Ejecutivo. ¿O habrá que seguir esperando hasta que la organización judicial se ponga al día y sea capaz de responder en tiempo y forma a la tarea que la sociedad le exige?