Los abogados de Madrid aprueban unos estatutos paritarios

Los abogados madrileños apuestan por acercarse a la paridad en los órganos ejecutivos de su colegio profesional. Las listas que se presenten a las elecciones a Decano y a la Junta de Gobierno no podrán incluir más de un 60% de miembros del mismo sexo, según los nuevos estatutos que el mayor colegio profesional de España, con más de 47.000 miembros, aprobó el pasado miércoles.

El nuevo texto -el anterior databa de 1948- fue ratificado con el 52,8% de los votos, aunque el 44,8% de los votantes lo rechazó. Esta oposición, sin embargo, no está relacionada con la paridad, sino que se debe a otras cuestiones como la reelección del decano o la estructura de los órganos de dirección.

La participación fue del 2,5% de los colegiados. El escaso interés no es excepcional en la institución, ya que en las elecciones a Decano, las que tienen mayor participación, suele votar un 3% aproximadamente. El sector opuesto a los nuevos estatutos cree que “unas normas que han sido aprobadas sólo por un 1,2% de la corporación tienen poca legitimidad y muestran un colegio totalmente dividido”, según el abogado Javier Ledesma. “Esperamos que tomen nota, que abran un proceso de encuentro y que busquen mecanismos que animen a la participación”.

Los nuevos estatutos prevén el voto por correo y el voto electrónico, aunque este último no se regula. Serán necesarias normas posteriores para hacer efectiva esta posibilidad. El Grupo de Abogados Jóvenes se incorpora por primera vez a la Junta de Gobierno, pero sin voto. Se recoge que las cuentas anuales sean sometidas a la revisión de un auditor externo nombrado por la Junta General -a la que pueden asistir todos los colegiados-, y que las minorías puedan solicitar un segundo auditor si lo pide el 1%.

Los expedientes disciplinarios contra abogados del turno de oficio por quejas de clientes, jueces, fiscales o abogados contrarios serán instruidos por al menos una persona del mismo turno. Algunos letrados critican que esto puede propiciar el corporativismo y perjudicar a los usuarios de la justicia gratuita.