El fiscal archiva el fraude en los impuestos de un 'parking' de Castellón porque no se llegó a cometer

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón ha archivado el expediente iniciado a raíz del presunto intento de fraude a las arcas municipales en la exención de impuestos del aparcamiento del Hospital General de Castellón, adjudicado a Lubasa. El fiscal, Javier Arias, ha adoptado esta decisión pese a que avala los hechos denunciados por el grupo municipal socialista, entre los que se encuentra la aportación de un documento público falsificado. Sin embargo, decide archivar el tema y desestima la investigación sobre un posible delito porque éste no se llegó a cometer. Arias sostiene en su escrito que se han "restaurado" las anomalías por lo que, a su entender, "carece de utilidad" el continuar con la investigación.

El grupo municipal socialista denunció en abril un intento de fraude de alrededor de 280.000 euros a las arcas municipales. Tal como denunciaron los ediles socialistas, el ayuntamiento aprobó una bonificación del impuesto de instalaciones y obras del aparcamiento del Hospital General cuando éste había sido adjudicado a una empresa privada, Lubasa, y, por tanto, no se podía acceder a la exención. El PP aprobó el acuerdo por el que se declaraba la obra de interés municipal y eximía a la constructora del pago. Poco después, los socialistas desvelaron cómo la bonificación aprobada se había basado en un documento falso, ya que el equipo de gobierno dio el visto bueno a una solicitud aparentemente firmada por el director del centro hospitalario, que, posteriormente, negó haberla tramitado. Ante el recurso interpuesto, el ayuntamiento optó por revocar el acuerdo y obligar a la constructora al pago del impuesto. Sin embargo, el PP no quiso entrar a investigar quién había falsificado los documentos.

En su escrito, el fiscal jefe sostiene que es "es cuanto menos sorprendente y sobre todo preocupante, que con un simple papel, pues me niego a llamarle documento, se inicie un procedimiento administrativo de tal naturaleza e importancia". Arias afirma que "el mencionado papel vulnera de manera total y absoluta la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" y el Ayuntamiento "en lugar de rechazarlo de plano requiriendo al presentador para que subsane los defectos, resulta que lo admite e inicia con él el expediente administrativo" y llega a sentenciar que "el cúmulo de despropósitos ha sido importante". Pese a todo ello, Arias, que fue apartado del llamado caso Fabra tras una cuestionada actuación, opta por concluir que no procede iniciar una investigación porque el fraude no se llegó a cometer, gracias a la denuncia del grupo socialista, y el acto administrativo fue rectificado.

La concejala de Hacienda del grupo socialista, Fina Gimeno, manifestó ayer que "es una decisión que respetamos, pero no compartimos, ya que hay un grado de tentativa de fraude en este delito, pero no la investiga", por lo que calificó de "patente, grosero y esperpéntico el hecho de que el fiscal reconozca esta situación y no entre a investigar".