La refundación del Ente Público

Medio siglo después de su creación, la televisión pública española se enfrenta a una refundación. TVE se acomodó mal a la ruptura del monopolio, a principios de los años noventa, y los sucesivos gobiernos dejaron a la deriva el potente instrumento de comunicación. La falta de un modelo de financiación estable llevó al Ente Público a subsistir casi exclusivamente con los recursos publicitarios. Las subvenciones públicas apenas representaban el 5% de los ingresos totales.

En los últimos 15 años, el Ente Público ha echado mano del endeudamiento para cuadrar sus presupuestos, una estrategia financiera insólita entre las televisiones públicas europeas. Esta espiral ha llevado a la compañía a acumular una deuda superior a los 7.500 millones de euros. "Es una deuda del Reino de España", han argumentado sistemáticamente los gestores de RTVE.

Finalmente será el Estado el que se haga cargo del astronómico endeudamiento para que el próximo año la compañía empiece con el contador a cero. El Gobierno abrirá la mano y aportará fondos de los Presupuestos Generales para evitar que se reproduzcan los males del pasado. RTVE necesitará alrededor de 600 millones de euros anuales para sobrevivir.

Sanear las cuentas

Desde 2001, RTVE está adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. El entonces presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo, ya intentó en 2002 sanear las cuentas del grupo estatal a través de un Plan Marco que aspiraba a sustituir los números rojos de RTVE por los negros.

La fórmula consistía en exprimir al máximo los ingresos publicitarios y recortar los gastos. El plan del PP preveía acabar con las pérdidas y saldar la deuda en tres años. Pero nunca se llegó a aplicar. Los gestores de la SEPI no lograron enderezar la situación y RTVE siguió engordando la deuda a un ritmo superior a los 500 millones de euros anuales.

Ahora, el organismo que preside Enrique Martínez Robles ha optado por aplicar medidas drásticas. A finales de 2005, el Gobierno condicionó la subvención estatal del actual ejercicio (575 millones de euros) a un cambio en el modelo organizativo de RTVE (incluidos los centros territoriales) y a medidas para racionalizar los costes y mejorar la productividad. También propugnaba una nueva política de personal.

Este mandato se une a las exigencias de la UE para erradicar el aval ilimitado del Estado a las radiotelevisiones públicas y a la propia ley de RTVE, aprobada en mayo. La nueva legislación liquida el actual modelo y sienta las bases para una financiación estable, apoyada en aportaciones públicas e ingresos publicitarios.