Ocho meses de negociación, y nada

Tanta polvareda para quedarse a las puertas de ser aprobada. La Ley para el Derecho a la Vivienda hizo correr ríos de tinta durante los ocho meses en los que el ex consejero Salvador Milà tuvo que negociar con las patronales catalanas del sector inmobiliario. El polémico texto, que desde sus primeros borradores sufrió notables recortes, fruto de las presiones de los empresarios, levantó sobre todo ampollas porque preveía la posibilidad de expropiar viviendas vacías en zonas de alta demanda. Este artículo fue rebajado y se introdujo la figura del alquiler forzoso. El proyecto de ley también establece un plazo de calificación para las viviendas sociales de entre 30 y 90 años, reservas de un máximo del 20% para estos pisos en suelo urbano y la obligación de que los mediadores en transacciones inmobiliarias se inscriban en un registro. A pesar del rechazo a las enmiendas a la totalidad de CiU y el PP, al fin no ha salido adelante.