Garzón pide a la policía datos sobre la reunión del PSE con Batasuna

El juez Baltasar Garzón, a instancias del fiscal Juan Antonio García Jabaloy, ha solicitado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que le informen sobre la reunión que va a mantener mañana la dirección del Partido Socialista de Euskadi con dirigentes de Batasuna, antes de pronunciarse sobre el asunto.

Dos asociación, una denominada España y Libertad, que no está personada en la causa, y otra llamada Dignidad y Justicia, cuyo presidente es Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA, habían presentado sendos escritos para que el juez Garzón impidiera la reunión entre los dirigentes del PSE y la izquierda abertzale. La razón alegada es que el auto de suspensión de actividades de Batasuna dictado por el juez Fernando Grande-Marlaska, el pasado enero, impide la celebración del acto, en su opinión.

Sin embargo, tanto la convocatoria de la reunión como su aplazamiento como consecuencia del accidente de metro en Valencia fueron realizados únicamente por el Partido Socialista de Euskadi, sin intervención de Batasuna, y tampoco se menciona expresamente a la formación ilegalizada sino a "la izquierda abertzale".

Derecho de reunión

Por ello, difícilmente la convocatoria puede vulnerar la resolución judicial, ya que el PSE es una formación perfectamente legal y los dirigentes de la izquierda abertzale están en posesión de sus derechos civiles, incluido el de reunión. En todo caso y a la vista de la información policial, el juez decidirá.

Por su parte, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se reúne hoy con el hombre fuerte de EA en el Gobierno autonómico, Joseba Azkarraga, y el representante de Ezker Batua en el Ejecutivo, Javier Madrazo -los tres componen el denominado Consejo Político- para realizar una reflexión conjunta sobre el anuncio del diálogo con ETA por el presidente del Gobierno.

La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, adelantó ayer la "preocupación" existente por los mensajes, a su juicio, "contradictorios" de Rodríguez Zapatero en torno al derecho del País Vasco a decidir su futuro. En su opinión, la contradicción estriba en su compromiso de respetar las decisiones libremente adoptadas por la sociedad vasca, pese a que el presidente del Gobierno precisó ya en el Congreso que deberían darse dentro de la legalidad, y su afirmación posterior de que el derecho de autodeterminación no estará sobre la mesa porque "no existe".