Archivadas las denuncias por prevaricación contra Extranjería

La Sección Tercera de la Audiencia de Guipúzcoa ha archivado las denuncias interpuestas por el Colegio de Abogados contra los responsables de Extranjería de las comisarías de la Policía Nacional de Irún y San Sebastián por presunta prevaricación. El tribunal considera que los policías no cometieron este delito penal al expulsar en 2004 a al menos siete inmigrantes sin comunicarlo a tiempo a sus letrados y cree, que en todo caso, pudieron cometer una infracción administrativa.

El Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Guipúzcoa presentó en 2005 sendas denuncias contra los dos mandos policiales y "cualquier otro funcionario que pudiese ser responsable". Finalmente quedaron imputados los jefes de Extranjería de San Sebastián e Irún y un subordinado de este último.

En su día, la Audiencia dictó el archivo de la denuncia contra el jefe de Extranjería de San Sebastián, una decisión que los letrados recurrieron. El caso de Irún siguió adelante y las que recurrieron fueron la Fiscalía y la defensa de los imputados.

Una vez que la Subdelegación decide expulsar a un extranjero, la comisaría correspondiente debe comunicar la orden de expulsión. Los policías alegan que la ley les obliga a notificar la resolución a la persona afectada, pero que no tienen por qué trasladarla a su letrado. Los abogados de Extranjería sostienen que las comisarías de San Sebastián e Irún omitieron "deliberadamente" la notificación al letrado, impidiendo así que el abogado solicitara judicialmente, como medida cautelar, la suspensión de la expulsión.

Los letrados consideran que esta actuación constituye un delito de prevaricación y vulnera el derecho fundamental de defensa. La Audiencia, sin embargo, cree que, en todo caso, se ha podido producir una ilegalidad administrativa. Argumenta que los policías no han tomado una decisión "arbitraria a sabiendas" y dice que la prevaricación no es una cuestión sujeta a "interpretación doctrinal". Por ello ahora, en sendos autos, ratifica el archivo de la denuncia contra la comisaría de San Sebastián y decreta el sobreseimiento del caso de Irún.