Los partidos piden que la fiscalía investigue los casos de transfuguismo

Todos los partidos parlamentarios se comprometieron ayer a elaborar un listado de tránsfugas para excluir de sus listas electorales a los concejales que hayan incurrido en dicha práctica. El nuevo Pacto Antitransfuguismo establece también que esos ediles no podrán ser utilizados para mantener o cambiar mayorías. Los firmantes quieren que la fiscalía actúe en los casos que presenten indicios penales.

Esta nueva cláusula surge motivada por la experiencia de que tras el transfuguismo se esconden numerosos intentos de corrupción y especulación urbanística. El secretario de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, precisó ayer que detrás del 90% de los casos de transfuguismo "hay siempre una revisión del Plan General de Ordenación Urbana e intereses bastardos". La iniciativa de petición de intervención del Ministerio Fiscal procederá de una mayoría de los miembros de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo.

Estos son algunos de los acuerdos más importantes que ayer alcanzaron todos los partidos por unanimidad y que se incorporarán al Pacto Antitransfuguismo, vigente desde 1998, con el objetivo de aumentar las medidas contra la corrupción. El acuerdo tiene, además, un carácter simbólico ya que es el primero que alcanzan el PSOE y el PP en esta legislatura, caracterizada por la confrontación entre los dos primeros partidos.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que presidió la firma del acuerdo, destacó que la pretensión del mismo es "poner cada vez más difícil las cosas a los corruptos". Precisó que en lo que va de legislatura se han producido 60 casos de transfuguismo, lo que representa tan sólo un 5% de los municipios.

El acuerdo clarifica también el concepto de tránsfuga, de modo que sus efectos se extiendan no sólo contra los concejales calificados así, sino también sobre los que se beneficien de su conducta política. Los firmantes también se comprometieron a expulsar de sus partidos a los tránsfugas.

Asimismo, se crea una Comisión de Expertos Independientes que decidirá en qué casos existe o no transfuguismo cuando los partidos no alcancen una valoración unánime de los mismos.