Memoria histórica y archivos

Pese a los cambios habidos en los últimos años, la situación de los archivos de la represión sigue siendo muy problemática. Resulta inadmisible que a estas alturas lo fundamental siga en poder de instituciones incapaces de dar respuesta a la demanda existente. Sabemos que la responsabilidad no es sólo de dichas instituciones, sino de los diferentes Gobiernos, tan ajenos a las necesidades del patrimonio documental, abandonado hasta extremos difíciles de creer, como a dicha demanda. Es más, carece de sentido alguno que los fondos históricos de carácter represivo en poder de instituciones civiles y militares no hayan pasado ya hace tiempo a depender de los organismos estatales a los que compete la conservación y gestión del patrimonio documental. Ya es tiempo de liberarlos. Supera toda lógica que, en un archivo tan importante como el del Tribunal Militar Territorial Primero, la consulta de un documento tenga una demora de más de un año. ¿De qué sirve tener leyes modernas y democráticas si luego la realidad impide que nos beneficiemos de ellas? Creemos que ha llegado el momento de poner toda esa documentación al servicio de la sociedad, en un lugar apropiado y con el personal adecuado, que no es otro que el cuerpo de archiveros del Estado. La ocasión, con la próxima salida de la Ley de Memoria Histórica, viene por sí sola.