Fidalgo supedita la concertación a que se integre el régimen agrario al general

El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, dejó ayer bien claro que su sindicato "no es proclive" a firmar el tercer acuerdo de concertación social si el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass), al igual que el de las trabajadoras del hogar, no se incluyen definitivamente en el Régimen General. Fidalgo presidió ayer en Jaén una asamblea de delegados de CC OO en Andalucía y visitó la factoría de la multinacional Valeo en Martos, donde hay una seria amenaza de un ajuste de plantilla.

Fidalgo reconoció que la integración del Régimen Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social es una "reivindicación histórica". De hecho, hace una década, con ocasión del Pacto de Toledo, todos los partidos se comprometieron a la desaparición del Reass, que los sindicatos consideran "discriminatorio, injusto e insolidario" para unos 600.000 trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura.

Tanto Comisiones Obreras como UGT vienen defendiendo esta integración al entender que los trabajadores del campo pagan más del doble que los del Régimen General a la Seguridad Social y tienen menos derechos, entre ellos una pensión de jubilación más baja o no tener derecho al desempleo.

José María Fidalgo admitió que la mesa del mercado de trabajo "está atascada" porque las propuestas de los sindicatos "no han tenido buena acogida" por parte del Gobierno y la patronal. Entre ellas, el líder de Comisiones Obreras abogó por reforzar la Inspección de Trabajo, ya que, a su juicio, el 50% de los contratos temporales están hechos "en fraude y abuso de ley"; limitar la cadena de contratos temporales en una misma persona; que el contrato de obra y servicio "no sea universal y un comodín"; o limitar la cadena de subcontrataciones para que ninguna empresa eluda su responsabilidad.

Además, calificó como "exagerada" la oposición de la patronal CEOE a la reducción de la jornada laboral para conciliar la vida laboral y la familiar. En su opinión, la Ley de Igualdad del Gobierno "no atenta contra la competitividad de las empresas" y es "bastante tolerante".