El Gobierno liberaliza las tarifas de los puertos

Las autoridades portuarias podrán fijar sus propias tarifas para que los puertos puedan competir entre ellos si prospera el proyecto de ley que ayer envió el Consejo de Ministros al Congreso para su tramitación, que reforma la ley de 2003. Cada una de las 28 autoridades portuarias tendrá autonomía para fijar las tasas en función de sus costes reales; se suprime la tasa de servicios generales; se rebajan las que afectan a embarcaciones deportivas y de pesca y las de estancia de los buques en fin de semana.

En lo referente a la estiba y desestiba, el proyecto de ley cambia la denominación de las Sociedades de Estiba, que pasarán a denominarse Sociedades Anónimas para el Trabajo de Estiba, en las que la autoridad portuaria seguirá teniendo la participación mayoritaria, si bien se exigirán mayorías cualificadas para adoptar determinados acuerdos relevantes.

Asimismo, se fomenta, según el Ejecutivo, la contratación por parte de las empresas estibadoras de trabajadores en relación laboral común, frente a la obligación que regía de emplear sólo a los sujetos al régimen especial. Además, se da un trato diferenciado a los tráficos de buques que utilizan las autopistas del mar para potenciar el transporte marítimo frente a otras alternativas.

A falta de conocer la literalidad del texto, el director general de la patronal naviera ANAVE, Manuel Carlier, critica que no se limite el aumento de las tasas portuarias al equivalente a 2,5 veces el IPC para evitar "el abuso" sobre los clientes cautivos (una refinería que no puede evitar utilizar el puerto más próximo, aunque sea más caro) o que se mantenga la tarificación por horas (mínimo tres) y no por minutos.

Además, Carlier afirma que es "absolutamente necesario" avanzar en la liberalización de los servicios de estiba, un aspecto que a su juicio no resuelve el proyecto de ley y que se intentó imponer mediante una directiva comunitaria que finalmente rechazó la Eurocámara en enero.

El portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, explica que el texto garantiza "la unidad del colectivo" de estibadores.

El Ejecutivo también aprobó un real decreto para dar más seguridad jurídica a las ventas a distancia. Entre las novedades destaca que en el registro de las empresas del sector (obligado para las extranjeras o las que operan en más de una comunidad) figurará si éstas tienen certificados de calidad y si se adhieren a sistemas arbitrales, lo que se podrá consultar en Internet.