De la Vega advierte a Batasuna de que no hay atajos para recuperar la legalidad

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió ayer al "mundo abertzale", tras la decisión judicial que impide la realización del congreso convocado por Batasuna para mañana en Barakaldo (Vizcaya), que no existen "atajos" para "recuperar la legalidad". Y agregó que "el único camino" para lograrlo es "cumplir la ley y acatar las resoluciones judiciales".

Además de hacer un llamamiento "a la serenidad de todas las fuerzas políticas en general y del mundo abertzale en particular" respecto a las decisiones tomadas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, reprochó al PP no estar "a la altura de las circunstancias" en este asunto y criticó sus "manifestaciones irresponsables", que, según ella, "no ayudan a luchar contra el terrorismo ni a abrir vías para que se recupere la paz".

La vicepresidenta expresa, en una entrevista de la agencia Efe, el "respeto y acatamiento" del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que en 2004 condenó al portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, a 15 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo en el entierro de una etarra, y de ordenar la repetición del juicio.

Respecto a las negociaciones sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, Fernández de la Vega dijo que confía en que los representantes de los partidos tengan la suficiente "habilidad" para lograr un acuerdo "en las próximas horas". Pese a las diferencias existentes en cuestiones como la financiación, consideró que "hay muchos elementos" para que las conversaciones culminen con éxito, y aunque no descartó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pueda intervenir en la negociación, indicó que el acuerdo debe lograrse entre los representantes de los partidos.

Malestar con EE UU

Fernández de la Vega informó de que ha transmitido al embajador de Estados Unidos, Eduardo Aguirre, la "discrepancia" y "malestar" del Gobierno por la decisión de la Administración de Bush de denegar la licencia para utilizar tecnología norteamericana en los 12 aviones militares vendidos por EADS-CASA a Venezuela. Añadió que esta empresa está buscando "los procedimientos" para que se cumplan los contratos firmados con Venezuela, que implican la sustitución de los componentes fabricados por EE UU por tecnología de otros países.

La vicepresidenta calificó de "malintencionada" la relación establecida por la Junta de Castilla y León entre el momento de la negociación del Estatuto de Cataluña y el traslado efectivo a Cataluña, ayer, de los papeles del Archivo de Salamanca. Frente a la "normalidad democrática" con que el Gobierno ha ejecutado una decisión de las Cortes, criticó las "manifestaciones irresponsables" de un "representante electo", en referencia al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del PP.