El presidente del Supremo emplaza al Gobierno a impedir el congreso de Batasuna

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, afirmó ayer que Batasuna "es un partido político disuelto judicialmente" y que carece de "personalidad jurídica" para celebrar el congreso que ya ha convocado para el día 21 en el recinto ferial de Barakaldo (Vizcaya). Hernando señaló que cabe "adoptar medidas" para impedir ese congreso, aunque precisó que corresponde "al ministerio fiscal o a la Abogacía del Estado" instar el inicio del procedimiento que lleve al alto tribunal a un pronunciamiento.

Batasuna es ilegal merced a una sentencia que dictó el Supremo en marzo de 2003. Hernando, que presidió la sala que ilegalizó a Batasuna, recordó ayer que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso que interpuso frente a esa sentencia el grupo Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna. La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, deja en manos del tribunal sentenciador -en este caso el Supremo- "el asegurar", cuando se esté en los "trámites de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político".

El alquiler del recinto en el que Batasuna quiere celebrar su congreso no ha sido formalizado expresamente por la formación independentista sino por dos particulares que aún no han firmado el contrato. Por las calles de Bilbao han comenzado ya a aparecer carteles en los que Batasuna anuncia la asamblea.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, sostiene que "una vez que este partido ha sido judicialmente disuelto, se puede impedir ese congreso". "El que sean dos particulares y no Batasuna la que alquile el recinto, es un fraude de ley fácilmente demostrable: ahora sólo falta que el fiscal general, si es que quiere hacerlo, inste el proceso".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, eludió ayer aclarar si tomará alguna medida para impedir la asamblea. Se limitó a decir que se cumplirá la ley y que, en esta materia, las competencias son "en buena medida" del Gobierno autonómico que preside Juan José Ibarretxe. "Impedir, negar, acallar o enfrentar son verbos que nunca nos van a acercar a la paz", apuntó ayer la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, informa Aitor Guenaga. Fuentes de la Fiscalía General del Estado indicaron, por su lado, que el ministerio público sólo puede actuar a iniciativa de la autoridad gubernativa, "en este caso el Ejecutivo vasco", y que sólo se podría actuar de oficio "si hay indicios concluyentes de que se va a cometer un delito". El sindicato de funcionarios Manos Limpias, sin representación en ninguna institución, ha pedido a la Sala del 61 del Supremo que impida el congreso.

"Bailar sevillanas"

Hernando estrenó ayer un ciclo de conferencias sobre justicia organizado por Europa Press. Interpelado sobre la negociación del Estatuto de Cataluña, se mostró contrario a que el conocimiento del catalán sea "un requisito" para ejercer de juez en Cataluña. "En este momento, el conocimiento de la lengua autonómica está considerado un mérito y así está reconocido, pero no debe ser una condición", señaló. "No creo que se deba imponer a nadie el conocimiento de una lengua que luego no tiene una proyección positiva en otros aspectos de la vida", continuó. "No obstante, si yo ejerciera en Cataluña aprendería el catalán, pero como un enriquecimiento personal, igual que si estuviera en Andalucía me gustaría aprender a bailar sevillanas", añadió. Hernando justificó la no imposición del catalán en que los jueces cambian con frecuencia de destino, "y los que hoy están en Cataluña o en Navarra, mañana pueden estar en Vascongadas....". Hernando insistió en que no es partidario de los Consejos Autonómicos de Justicia, dado que el Poder Judicial tiene que ser "único e independiente" y no debe "fraccionarse".

Hernando elogió el trabajo que desarrollan los jueces españoles, que en general trabajan por encima de los módulos establecidos, dijo. Opinó que los atascos de la justicia obedecen a "la falta de recursos humanos y materiales".