El ministerio público se plantea un fiscal para los delitos económicos

La Fiscalía de Alicante estudia la designación de un fiscal dedicado a la investigación de delitos económicos, esencialmente los relacionados con la hacienda pública. De aprobarse esta sección se sumaría a las ya existentes, especializadas en delitos medioambientales, de siniestralidad laboral y de malos tratos. Cada una de ellas está coordinada por un mismo fiscal, con el fin de alcanzar cierta especialización.

El fiscal jefe de la Audiencia, José Antonio Romero, es quien adoptará, en última instancia, la medida tras una reunión con el fiscal responsable de este asunto de la sala del Tribunal Supremo. No obstante, el fiscal jefe mostró ayer ciertas reticencias a designar un profesional para este asunto ante "la deficiencia de medios". Romero se apresuró a apuntar, sin embargo, que Alicante concentra "muchos delitos" contra la hacienda pública, con una media anual de diez casos. La sección de fiscalía que investiga este tipo de delitos ya está implantada en la Audiencia de Madrid o de Barcelona.

Por otro lado, Romero reveló que Jorge Rabasa fue elegido fiscal de Protección de Ayuda a las víctimas. Su función consistirá en mantener informadas a los afectados por cualquier delito a propósito de su proceso judicial.