Una ley de consenso para un largo recorrido

"Si las leyes se hacen demasiado prolijas, no duran; y si se hacen sin consenso, tampoco". La primera parte de la frase del vicerrector de la Universitat de València Antonio Ariño es una advertencia velada a la reforma de la LOU emprendida por el Gobierno. La segunda es una crítica obvia a la ley aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar, creada, en opinión de otro rector, "no ya sin contar con la comunidad universitaria, sino en contra de ella".

Ariño defiende un marco normativo "básico" para la educación superior, sostenido en un acuerdo entre el Gobierno, la oposición y las comunidades autónomas, y que se deje un amplio terreno a la autonomía universitaria. Algo así como un dejar hacer al que posteriormente se le exijan "resultados".

¿Existe el riesgo de que cada cambio de gobierno conlleve una reforma de la legislación universitaria similar a la que se viene produciendo en las normas relativas a los tramos educativos anteriores? Los rectores opinan que no. Sobre todo porque en este caso se ha contado con ellos y con el resto de actores implicados para preparar la reforma.

El rector de la Universidad Politécnica considera que precisamente por esa coincidencia de intereses, y por la "falta de crispación" de la que está "disfrutando el Gobierno" en la reforma, el Ejecutivo debería acelerar el ritmo, también en lo que se refiere al mapa de titulaciones, para no desperdiciar "una gran oportunidad".

La regulación básica, o mínima, defendida por Ariño, está relacionada con la visión que el vicerrector tiene de la universidad, que habría pasado por tres fases históricas: La primera, elitista; la segunda, de masas, y la actual, en la que el desafío sería adaptarse a los cambios acelerados que se producen en una sociedad compleja, lo que exijiría un amplio margen de autonomía.