El PSPV acusa a Peralta de "boicotear" la política de violencia de género de Madrid

La portavoz de Gobernación y Administración Local del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Josefa Andrés, acusó ayer al consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, de "boicotear la política del Gobierno en materia de violencia contra la mujer", porque, criticó, "lo único que consigue es perjudicar a esas 230 mujeres que presentaron denuncias el pasado mes de julio". Andrés señaló que después de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género se pusieron en marcha, en junio pasado, 29 juzgados de ámbito nacional, dos de ellos en la Comunidad Valenciana, uno en Valencia y otro en Alicante, en materia específica para malos tratos. Sin embargo, Andrés señaló que la Comunidad Valenciana "ya nacía con déficit", por lo que, puntualizó, "a pesar de estos intentos se deben aprovechar las competencias que tenemos en esta materia para poner todos los medios necesarios en los juzgados, tanto salas de vistas como personal auxiliar".

De esta manera, la diputada socialista se refirió a la situación actual de los juzgados en la Comunidad Valenciana y la calificó de "caótica", ya que, "los datos que lo demuestran son aplastantes". Al respecto, apuntó que "se han registrado 237 casos, de los que 230 son de orden penal" y añadió que "sólo en julio el número de detenidos ha sido de 85 y con anteriores denuncias 51". Además, realizó una comparativa entre otras comunidades autónomas con datos de 2004 y, por ejemplo, "Madrid ha registrado en el juzgado de lo penal 11.430 casos en materia de violencia de género, Barcelona 9.648 y Valencia 7.137 casos, lo que nos sitúa en la tercera comunidad con mayor número de denuncias".

En este sentido, seis semanas después de que se pusieran en marcha los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los funcionarios que trabajan en el de Valencia señalan que está al borde del colapso [véase EL PAÍS de ayer]. Las dos fiscales, la secretaria y el propio magistrado dicen que el ritmo de trabajo es insostenible y que las condiciones van en contra de las víctimas. La entrada de diligencias urgentes, con detenido, impide que las tramitaciones avancen, y más de un centenar están ya paralizadas.