Después del fuego

La tragedia provocada por el incendio en Guadalajara coincide con otras muchas en la imprudencia que la originó, pero se diferencia por el elevado número de víctimas y por haber privado a muchos habitantes de la zona de su medio de vida. Era obligada la aprobación urgente por el Gobierno de medidas adicionales de prevención contra el fuego, aplicables en toda España, y de ayudas económicas y compensatorias a víctimas, familias y afectados por los daños.

El decreto ley que las aplica entró ayer mismo en vigor, tras su convalidación en un pleno extraordinario del Congreso. El PP apoyó el decreto ley, lo cual no deja de chocar con el mensaje de incompetencia general que lanza contra el Gobierno. Más allá de la batalla política, el incendio de Guadalajara ha evidenciado lo mucho que queda por hacer en prevención y extinción de fuegos forestales, en la coordinación entre Administración central y autonómica, en la disponibilidad de medios en momentos de riesgo alto, y, sobre todo, en formación y capacitación del personal dedicado a esas tareas.

Deducir, como se han apresurado algunos, que la política sobre incendios forestales sería más eficaz si dependiera por entero del Gobierno es gratuito. No lo es, sin embargo, la creación de un Centro de Coordinación Nacional que obtendrá y distribuirá la información actualizada sobre fuegos y medios disponibles en el conjunto de las administraciones. Y es congruente, incluso mediante prohibición, incidir en el cambio de hábitos ciudadanos, como hacer fuego al aire libre o encender una barbacoa cuando el campo es una tea.