Los archivos diocesanos catalanes, colapsados por las solicitudes en busca de la nacionalidad española

La Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno en 2022, que da acceso a la nacionalidad española a descendientes (hasta tercera generación) de exiliados o emigrantes, ha hecho estragos en la decena de archivos diocesanos catalanes. Sin previo aviso, se colapsaron sus correos electrónicos. Han recibido más de 13.000 solicitudes de partidas bautismales de españoles que dejaron el país, sobre todo en el siglo XIX. El porcentaje tramitado varía según la diócesis. Muchas no se han podido gestionar por diversos motivos: no localizar al pariente buscado, no saber de dónde emigró e incluso desconocer su nombre completo. Los archiveros, mentalmente agotados, han detectado que hay quien ha querido “estafar” a solicitantes y sospechan que hay personas, sin vínculo con España, que han aprovechado la ocasión.

Según datos facilitados por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) a EL PAÍS en diciembre, más de un millón de descendientes de españoles han pedido la nacionalidad y otros 1,3 millones esperaban cita para hacerlo. De las solicitudes resueltas, solo un 2% habían sido denegadas.

Uno de los requisitos para solicitar la nacionalidad es presentar el acta literal del certificado de nacimiento del ascendiente español. Como los registros civiles se crearon a partir de 1871, muchos deben recurrir a las partidas bautismales. Y, como muchas parroquias se quemaron, se acaba recurriendo a los archivos diocesanos. Este tipo de solicitudes en los archivos antes de la ley eran casi inexistentes. En 2023 llegó la avalancha. Y cuando se prorrogó la medida hasta octubre de 2025, siguieron aumentando las peticiones. Pese a estar ya fuera de plazo, siguen llegando porque los consulados, también saturados, permitieron pedir cita antes de expirar el plazo, aunque no se tuviera toda la documentación, contando con que se tendría al llegar su turno.

El archivo del Arzobispado de Barcelona ha recibido unas 4.300 solicitudes y ha podido hacer el certificado de un 34% de ellas. Al del Obispado de Lleida llegaron otras tantas y se tramitaron unas 2.500. “Podían llegar unos setenta correos al día”, explica un responsable, Joel Sanjuán. “Volví de una semana de fiesta y al abrir la bandeja de entrada encontré un alud de correos”, lamenta. Hasta finales de marzo, a Girona habían llegado 2.667, un aumento del 193%, según el Obispado.

A Tarragona llegaron unas 800, a Vic unas 340 y unas 220 al Obispado de Sant Feliu de Llobregat. En este último caso, aunque proceden sobre todo de Latinoamérica, la mayoría son residentes en España. También han recibido solicitudes de Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos o Países Bajos. A Solsona también llegaron centenares de peticiones, y se mandaron unas 80 partidas. Su archivero, Josep Porredon, cuenta: “Muchas no se han contestado por falta de datos, en otras se ha buscado, pero no se ha encontrado y una docena, al saber que el trámite no era gratuito, no volvieron a contactar”. Una misma partida de bautizo puede tener varias peticiones: la de un emigrante de Vilanova y la Geltrú tuvo 14. El alud de peticiones se repite en toda España y se agudiza en comunidades como Galicia, con mucha tradición migratoria. Solo la Diócesis de Ourense ha recibido más de 20.000 solicitudes.

Los archivos diocesanos cuentan con uno o dos archiveros, por ello esta avalancha ha supuesto “una alteración absoluta de su labor habitual” y les ha generado “un gran estrés”. Tanto, que incluso acordaron que la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España pidiera una ayuda al Ministerio. Antes de la ley era tan poca la demanda que, en algunos, el trámite era gratuito. Al estallar el boom y la descomunal carga de trabajo —también deben traducir las partidas— decidieron poner una tasa que va de 9 a 90 euros. “Lo hemos priorizado porque hemos visto que era muy importante para personas que lo necesitaban, hemos ayudado en todo lo posible, pero nos ha afectado mucho en la labor diaria, ha aumentando un 200%”, detalla Joana Alarcón, directora del archivo del Arzobispado de Barcelona.

Picarescas de lo más variopintas

La ley exige que el pariente español fuera exiliado por cuestiones políticas, ideológicas, creencia u orientación e identidad sexual, pero se amplió a todos los emigrantes. Esto ha generado picarescas de lo más variopintas. Los archiveros han detectado abogados y empresas que se dedican a hacer los trámites. “Les cobran más de 300 euros cuando en el Obispado cuesta diez”, indica uno de los archiveros a quien un interesado le dijo haber descubierto que le estaban “estafando”. Para evitar estas prácticas, algún archivo requiere que sea el interesado quien contacte. Además, han tenido sospechas, cuando no se contaba con ningún dato del pariente, de que podría no existir. Para evitar una posible falta de garantías legales, en Lleida se exige documentación emitida por órganos oficiales que acredite el parentesco y la filiación del solicitante.

“Se ha hecho sin garantías suficientes, hay poco control”, afirman algunos. Creen que ha generado un sinfín de pillerías y “no garantiza legalmente que a quien se concederá la nacionalidad realmente sea descendiente de español”. Otra duda que les genera es si “una vez concedida la nacionalidad hasta el nieto”, como manda el el Código Civil, ¿todos los descendientes también la podrán reclamar?

La red de consulados españoles también ha detectado picarescas e incluso falsificaciones de documentación, y ha endurecido el trámite. Los certificados, por lo general, van legalizados con la firma del Vicario o del secretario general del Obispado, desde Cuba a veces para verificar su veracidad exigen que lo firme por el propio Obispo. Desde Chile se solicita adjunta la foto de la partida original y les llegan correos del Consulado en República Dominicana para que avalen la autenticidad del certificado.

Apellidos contemporáneos

Hay variedad de casos. En algunos, los archiveros creen que el solicitante “inventa el nombre, algunos han probado con un nombre común, como Antonio García Pérez, pero en los Obispados catalanes en los siglos XVIII y XIX estos apellidos eran casi inexistentes, en Barcelona podría colar alguno”, indican. Otros escogen al azar el segundo apellido porque lo desconocen o mandan la solicitud a todos los archivos españoles para ver si alguno halla a su familiar, buscan en Cataluña emigrantes de Lugo o Tenerife. También han mandado peticiones a todos los correos del obispado, incluido al Obispo. Tras lidiar años con estas peticiones, creen que “unos quieren la nacionalidad por ilusión, por sus raíces, gente acomodada que ha viajado hasta Cataluña para tramitarlo”. “Otros lo hacen por necesidad, sobre todo de Cuba, y otros porque, al ver cómo va todo, lo consideran una posible opción que tienen”, añaden.

En el siglo XIX, más de 500 vecinos de Begur —población de la Costa Brava que no llegaba a 2.000 habitantes— zarparon para “hacer las Américas”. El 90% eran hombres jóvenes y el 80% emigró a Cuba. La tendencia es extrapolable. Entre 1833 y 1849, unos 900 comerciantes en Santiago de Cuba eran de Sitges, Sant Pere de Ribes, Begur, Barcelona, Mataró, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar o El Vendrell. El 40% de las peticiones en busca de la nacionalidad proceden de Argentina, seguidas de Cuba, México, Brasil y Venezuela.