Sin gobierno y sin oposición

A medida que se conocen nuevos detalles sobre el plan de Rabassa, crece la sensación de encontrarnos ante un inmenso fraude a los ciudadanos de Alicante. Las repercusiones que el asunto tendrá sobre la ciudad todavía están por ver, pero podemos suponer que serán importantes. Probablemente, la importancia sea la misma tanto si se aprueba el plan como si la reacción ciudadana que se ha generado logra finalmente detenerlo. La alianza entre el Partido Popular y la oposición socialista para defraudar a los ciudadanos hace que el asunto revista una gravedad como no se había conocido con anterioridad en Alicante. Por primera vez, que recordemos, los hombres elegidos para gobernar la ciudad, se han aliado entre ellos para burlar a los alicantinos. Esta pérdida de los principios de la democracia es la que hace que el caso Rabassa resulte tan extremo.

Para evitar que la idea del fraude se impusiera con claridad a la opinión pública, se ha querido convertir la aprobación del plan en una necesidad para Alicante. Sin embargo, todos los datos que se han publicado hasta ahora llevan a pensar lo contrario. El hecho de que Rabassa deba aprobarse sin aguardar el Plan General de la ciudad, ya resulta de por sí suficientemente llamativo. En ningún momento se ha logrado explicar esta urgencia. Las respuestas que se han dado a la cuestión han sido tan poco consistentes que su efecto ha sido el contrario del que se pretendía. Por si ello no bastara, las últimas informaciones publicadas por este periódico han extendido la idea de que en torno al plan de Rabassa existe una corrupción que va más allá de los estrictos límites de la ciudad.

El efecto más destacado que el caso ha tenido, hasta el momento, es que Alicante se ha quedado sin autoridad municipal. Es cierto que Luis Díaz continúa siendo el alcalde de la ciudad, pero lo es de un modo poco menos que formal. Su autoridad moral es hoy nula y esto resulta perceptible en el pulso diario de la población, en el que es imposible advertir cualquier rumbo. El prestigio de Díaz, muy deteriorado con el revés del palacio de congresos y el escándalo Mercalicante, ha alcanzado sus cotas más bajas con el asunto Rabassa. Basta ver los argumentos a los que el alcalde ha debido recurrir para hacernos una idea de su estado anímico. Sólo una persona en su circunstancia vincularía la aprobación del plan con la posibilidad de que Alicante sea sede del Eurobasquet en el 2007. ¿Puede utilizarse una razón más demagógica y ridícula?

En estas circunstancias, la posición de Díaz Alperi sería insostenible de no contar con el apoyo del Partido Socialista. Es la ayuda de la oposición municipal socialista la que le permite a Díaz mantenerse como alcalde de la ciudad. Se da así la circunstancia, creemos que única, de que Alicante es, al mismo tiempo, una ciudad sin gobierno y sin oposición. Todos los intentos que se han realizado para conocer los motivos reales del apoyo socialista a Luis Díaz, no han dado el menor resultado. Las razones, siempre vagas, elusivas, que han podido dar los socialistas no han convencido a nadie. Cuando, hace unos días, los periodistas preguntaron al portavoz socialista, Blas Bernal, por qué había variado su postura ante el plan de Rabassa, postura que, unos meses antes, aún era contraria al plan, Bernal se negó a responder.