La Junta cierra una residencia de ancianos en Lucena

La Junta ha notificado el cierre cautelar de la residencia de ancianos EDDA de Lucena y, a la espera de un posible recurso por parte de la dirección del centro, el Gobierno autonómico espera ejecutar la decisión la próxima semana tras detectarse numerosas irregularidades.

Los inspectores volverán a visitar el inmueble el lunes y a partir de entonces buscarán un alojamiento alternativo para la casi treintena de residentes afectados. La delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Soledad Pérez, explicó que ésta "no es la primera vez" que tienen que intervenir en esta residencia. Desde 1999, se han ejecutado tres denuncias, en algunos casos de residentes y en otros de familiares de éstos, con otras tantas sanciones de 60.000 euros.

En la actualidad EDDA adeuda a la Junta más de 198.000 euros. Hace unos días se presentó una denuncia por parte una ex trabajadora "donde se ponía de manifiesto la falta de medidas higiénicas, el hacinamiento que sufrían los mayores y la falta de atención especializada", explicó Pérez.

Los inspectores realizaron una visita a las cinco de la mañana "para comprobar si ello era verdad" y la situación que allí se encontraron fue de "hacinamiento de los mayores", ya que su capacidad es para 25 personas y dormían 29, muchos de ellos "en colchones tirados en el suelo o en una habitación con cinco compañeros más".

Carencia de personal

La inspección también tomó restos de la comida y "había alimentos en mal estado", que están siendo evaluados ahora por Salud. El centro tenía, además de deficiencias materiales, "una serie de carencias de personal", ya que la plantilla dada de alta en la Seguridad Social sólo la componen cinco personas, "algo que se ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo". Este personal, además, carecía de la cualificación técnica requerida.

La delegada afirmó que "no va a haber ningún problema con los mayores", quienes serán ubicados en otras residencias a partir de la próxima semana. Los residentes son en su mayoría de fuera de la provincia y carecen de familiares cercanos. "Para nosotros no deja de ser una mala atención a nuestros mayores y una utilización de los mismos" que desde "la Junta y desde toda la sociedad cordobesa no podemos consentir", subrayó.

Soledad Pérez fue más allá al adelantar que incluso existen denuncias y se ha dado traslado a la Fiscalía "porque en algún caso ha habido una presunta utilización de los fondos de los mayores". Según la delegada, los residentes no disponían "ni de dinero ni de sus propias cartillas, que eran manejadas desde la residencia". A juicio de Pérez, "es de todo punto impresentable que pueda seguir abierto un centro como este". Desde la Junta lamentan además que la gestión del centro sea llevada a través de una asociación, una figura que, según Pérez, "evita tener que pagar impuestos".