Crisis de competitividad

La inflación española, desgraciadamente, no acaba de controlarse y de corregirse de una forma persistente, lo que arroja serias dudas sobre la competitividad presente y futura de los productos y servicios españoles en Europa. En febrero, la tasa anual de inflación subió dos décimas y se situó en el 3,3%; una mala noticia sólo compensada en parte por la correcta evolución de la inflación subyacente (la que excluye los precios de la energía y de los alimentos frescos), que se mantiene en el 2,8%. Esto parece indicar una tendencia a la moderación de los precios en los próximos meses, pero es una presunción que necesita confirmarse. Mientras llega esa confirmación, el hecho es que la tasa de inflación es superior a la media europea, lo que explica buena parte del inquietante crecimiento del déficit comercial español.

Basta con repasar la evolución de algunos grupos de precios para encontrar las causas de la insistente fiebre inflacionista. En los últimos 12 meses, el transporte se ha encarecido el 5,9%, los combustibles y carburantes el 9,8%, la enseñanza el 4,2% y la vivienda el 4,1%. El encarecimiento del petróleo, que ha vuelto a niveles superiores a los 52 dólares por barril, se ha extendido al IPC general, directamente a través de los carburantes e indirectamente a través de los transportes.

El excelente comportamiento de los salarios dice mucho del compromiso de los asalariados y sus sindicatos con la estabilidad económica. Para estar a la altura, el Gobierno debería ser capaz de articular medidas de vigilancia en la distribución de los productos alimentarios y los empresarios evitar que sus beneficios se acrecienten solamente con subidas de precios. La experiencia dice que ambas pretensiones parecen utópicas, pero no hay razones para renunciar a ellas.