El adjudicatario vincula a operaciones inmobiliarias el aeropuerto de Castellón

El portavoz de la unión de empresas adjudicataria de las obras del aeropuerto de Castellón, Pedro Gimeno, admitió ayer que son otras inversiones las que "justificarán la viabilidad" del proyecto de las instalaciones aeroportuarias. En declaraciones a la Cadena Ser, Gimeno sostuvo que, "como todo el mundo sabe" esas otras inversiones "son los grandes proyectos turístico-inmobiliarios que hay en la provincia y que hay en el área de influencia del aeropuerto".

"Nuestra inversión está íntimamente relacionada con otras inversiones", aseguró Gimeno.

Para especificar más, el representante de la adjudicataria indicó que las promotoras locales del aeropuerto, Lubasa y PGP, participan de alguno de estos proyectos proyectos inmobiliarios como es el caso de Mundo Ilusión, donde los constructores pretenden la urbanización de 16 millones de metros cuadrados. Sin embargo, de momento, el proyecto del parque temático depende de la administración autonómica, que obligó a las empresas a retirar sus previsiones ya presentadas en los ayuntamientos de Oropesa y Cabanes.

Pedro Gimeno justificó también el retraso en la reanudación de las obras del aeropuerto e hizo referencia a la paralización judicial, por la ejecución de trabajos en unas fechas que explícitamente prohibía la declaración de impacto ambiental. A esta causa añadió el hecho de la falta de concreción de la Caja de Ahorros del Mediterráneo respecto a su entrada en el accionariado de la sociedad y alegó: "Estamos pendientes de conformar el accionariado definitivo".

En cualquier caso, el concesionario del aeropuerto de Castellón reinició el miércoles los trabajos de desbroce y, según indicó el gerente de la sociedad, Juan Ignacio García Salas, aunque las obras se reanudaron en septiembre, se decidió parar, hasta ahora, "para decidir qué hacer y con qué trabajos continuar". Por su parte, Pedro Gimeno admitió que la reanudación de las obras se debe también a las dudas creadas entre distintos promotores y empresarios sobre la "realidad" del proyecto ya que, según dijo "titubeaban" sobre mantener sus previsiones de inversión o trasladarlas a otras zonas como Murcia y Almería.

Tras el desbroce, la adjudicataria enviará a la Consejería de Industria un plan de voladuras que permitirá realizar movimientos de tierras. De cumplir la previsiones, los permisos para realizar las voladuras se obtendrán en un plazo de un mes. Sin embargo, las tareas habrán de paralizarse nuevamente el 25 de marzo, tal como obliga la declaración de impacto ambiental, para proteger al aguilucho cenizo y su período de nidificación.