Los forenses confirman las falsas identificaciones del 'caso Yak-42'

Los forenses de la Audiencia Nacional han confirmado los gravísimos errores en la identificación de las víctimas del accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía). El informe remitido a la juez Teresa Palacios confirma que los 21 cadáveres exhumados por orden judicial en noviembre no corresponden a las identidades que les atribuyó el Ministerio de Defensa y con las que fueron enterrados.

El informe pericial, basado en los análisis de los restos por el Instituto Nacional de Toxicología, ha ratificado la errónea identificación de al menos 21 de los 62 militares fallecidos.

El resultado, según las fuentes consultadas, no ha supuesto ninguna sorpresa, ya que su filiación corresponde en todos los casos con la que se les atribuyó después de que un grupo de familiares acudiera en mayo pasado a Turquía para cotejar su ADN con las muestras de los fallecidos que se guardaban en el laboratorio de Estambul.

En realidad, los cuerpos mal identificados fueron 30, pero en nueve casos no se pudo proceder a la exhumación por haber sido incinerados. Los otros 21 cadáveres fueron exhumados entre el 22 y el 30 de noviembre pasados por una comisión judicial, integrada por dos forenses y tres secretarios, que se desplazó por nueve comunidades autónomas.

Los cadáveres se encuentran desde entonces en una sala-depósito del cementerio de La Almudena (Madrid), a la espera de que la juez Teresa Palacios, una vez reciba el informe forense, ordene la entrega de los restos a sus verdaderos familiares para que procedan a la inhumación definitiva, poniendo así fin a un calvario que se ha prolongado durante más de un año y medio.

La apertura de los féretros ha deparado alguna sorpresa, como el hecho de que sólo haya aparecido una de las alianzas matrimoniales que, según el acta levantada por las autoridades turcas, llevaban encima tres de los cadáveres.

Estas alianzas tenían inscripciones que hubieran permitido una identificación inequívoca de los restos. Cuando los familiares reclamaron al Ministerio de Defensa que les entregaran los objetos utilizados para identificar a sus parientes, se les contestó que el juez turco había ordenado que los militares fueran enterrados con ellos.

El informe pericial supone una prueba de cargo contra los generales en la reserva José Antonio Beltrán y Vicente Navarro, a quienes el entonces ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa encomendó la repatriación urgente de los cadáveres. Navarro, que como su compañero prestó declaración en calidad de imputado el pasado noviembre, asumió íntegramente ante la juez la responsabilidad de las identificaciones.