Los ecologistas consideran que la 'Supersur' es inviable económicamente y no desviará el tráfico de la A-8

Ekologistak Martxan, la plataforma que agrupa a los principales grupos ecologistas vascos, sostiene que la Supersur -la nueva autovía de pago proyectada en torno a Bilbao- no desviará el tráfico actual de la A-8 y carece de informes de viabilidad económica. Este colectivo ha elaborado un documento en el que analiza la mayor inversión en una infraestructura pública viaria prevista en Euskadi, presupuestada en 1.120 millones de euros y cuyas obras se pretenden comenzar en 2006. El proyecto se encuentra ahora en fase de estudio de las 184 alegaciones presentadas.

Los ecologistas señalan que el 94% de los vehículos que transitan actualmente por la A-8, que sufre una media de ocho horas diarias de congestión, lo hacen para desplazamientos entre municipios o en el área metropolitana y el tráfico de paso -el que pretende desviarse a la Supersur- supone sólo el 6%. Agregan que el proyecto no detalla la demanda de coches y camiones, "fundamental para evaluar el interés social y la viabilidad económica".

Ekologistak Martxan critica que el proyecto, al que ya se ha opuesto el consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, no relacione el aumento de vehículos en los accesos a Bilbao con fenómenos como el crecimiento de chalets en el área metropolitana -se han construido más de 3.500 viviendas unifamiliares entre 1981 y 2000- y el aumento de las grandes superficies, que actualmente generan un movimiento diario de 38.500 vehículos. "Hay un importante problema de planificación territorial", indica su texto.

Ante ello, los ecologistas proponen esperar a la evolución del tráfico en el corredor del Txorierri, la autovía abierta hace un año que cierra una circunvalación de 33 kilómetros en torno a Bilbao, "que está por debajo de su capacidad máxima", el traslado del transporte de mercancías al sistema ferroviario y establecer figuras como el peaje por el acceso a Bilbao o el vehículo compartido.

Plantean además una política territorial que prohíba nuevas grandes superficies comerciales, la limitación de las viviendas unifamiliares y la obligación de que los futuros polígonos industriales tengan acceso ferroviario.