El déficit es sanitario

Once de las 17 comunidades autónomas cerraron 2003 con déficit presupuestario, según se puso de relieve en la reunión que los consejeros de Economía celebraron la semana pasada con el vicepresidente Solbes en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Valencia y Cataluña son las que tienen un mayor déficit, y ambas tendrán que presentar planes de saneamiento como condición para que puedan seguir presupuestando con déficit hasta 2007. La reunión permitió constatar que también en las otras comunidades con déficit la causa principal es la gestión de la sanidad.

El problema que puso sobre la mesa el Gobierno de Cataluña es, por tanto, bien real, por más que fuera inadecuada la fórmula propuesta para resolverlo: partida especial de los presupuestos del Estado. La sanidad se diferencia de otras prestaciones (como las del desempleo) en que la mejora general en el nivel de salud de la población, mayor esperanza de vida incluida, no reduce, sino que aumenta, la demanda social en asistencia. Eso explica que en casi todos los países desarrollados el gasto sanitario aumente en mayor proporción que otros componentes del gasto social, y también más rápidamente que el crecimiento del PIB.

En España el gasto público sanitario sigue estando bastante por debajo de la media de la Unión Europea de los Quince, lo que agrava ese desfase entre demanda de sanidad y posibilidades de financiarla. En algunas comunidades el desfase se agudiza, según los consejeros de varias de ellas, especialmente Madrid y Cataluña, por no haberse ajustado el cálculo de su financiación al aumento real de población atendida a causa de la inmigración; en otras comunidades se argumenta que no se compensa debidamente el aumento de pacientes, especialmente turistas, procedentes de otras comunidades. Y hay, también, un problema estructural derivado de la insuficiente dotación que acompañó al traspaso de la competencia sanitaria a las comunidades autónomas.

Las medidas ensayadas para paliar el problema, como el gravamen adicional a las gasolinas, han resultado insuficientes. Existe el peligro de que el rechazo del planteamiento inadecuado del Gobierno catalán sirva de pretexto para seguir aplazando una consideración de conjunto del problema. Lo primero será evaluar no sólo la cuantía sino los motivos precisos del déficit en cada comunidad. El catálogo de prestaciones, una vez garantizado un mínimo común, es decisión de cada una de ellas. También hay que evaluar las posibilidades de reducción del gasto mediante una mejor gestión. Pero al final hay un problema de insuficiencia financiera que habrá que abordar. Todo ello debería plasmarse en una especie de Libro Blanco que dé pie a un acuerdo político estable, no revisable cada poco en función de factores coyunturales.