Una reforma legal impulsada por Rajoy

"Yo creo que [expulsar a los delincuentes extranjeros] es de sentido común", comentó a varios periodistas Mariano Rajoy cuando todavía era ministro del Interior. Rajoy hablaba subido en la ola de indignación popular provocada por el asesinato de un abogado en un chalé de Pozuelo, en Madrid, a manos de un moldavo que se hallaba en situación irregular.

Durante aquella conversación, el entonces ministro mostró a los informadores un listado de inmigrantes irregulares, en su mayoría magrebíes, algunos de los cuales habían sido detenidos más de cien veces. La relación, impactante a primera vista, no precisaba las razones de las detenciones. Esto es, no decía si se habían producido por infringir la Ley de Extranjería (es decir, por residir en España sin permiso), por pequeños hurtos o por grandes delitos.

Con datos como ésos, el Gobierno del PP tejió una campaña que identificaba la inmigración con la delincuencia. Luego, presentó en el Parlamento un proyecto de ley cuyo nombre ya respondía a la inquietud social que él mismo había alentado. Se titulaba Medidas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros y modificaba el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Extranjería. Con él, el PP perseguía dos objetivos: aliviar la saturación en las cárceles y descargar de trabajo los tribunales. La sentencia del Supremo muestra que era un camino equivocado.