Zapatero se compromete a no imponer la reforma de la Constitución sin consenso

Zapatero recordó que se ha propuesto reformar la composición y funciones del Senado para que éste pueda desarrollar la identidad de Cámara territorial que le confiere la propia Constitución; la sucesión a la Corona para adaptar sus normas al principio de no discriminación de la mujer; la incorporación de la denominación oficial de las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas y una referencia a la futura Constitución europea.

Esas cuatro reformas, según Zapatero, tienen en común la conveniencia de adaptar la Constitución a las transformaciones que ha experimentado la sociedad española desde 1978. El presidente añadió que para "alcanzar un gran acuerdo" sobre dichas reformas, el Gobierno remitirá al Consejo de Estado un informe previo sobre las mismas y pidió a la institución "que active el debate, el diálogo y la participación y nos presente luego el corazón del consenso".

Para los trabajos de reforma constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales quedará adscrito al Consejo de Estado, "abandonando la actual órbita del Gobierno".

Anunció también que pronto remitirá un proyecto de ley que permitirá incorporar al Consejo de Estado como vocales natos y permanentes a quienes hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno "para que toda la sociedad se aproveche de su experiencia".

De Rubio Llorente, Zapatero destacó que sus reflexiones o juicios "nunca han sido cómodos para el poder" y "ha mostrado con valentía la más irreductible independencia" incluso para corregir sus propias posiciones cuando ha llegado a convencerse de que había razones para ello.

Rubio Llorente ironizó sobre su llegada al cargo a sus 74 años, "un exceso que quizás, actuando con sensatez, no debía aceptar" y subrayó la función del Consejo como "supremo órgano consultivo del Gobierno". Interpretó que la tarea que le ha encomendado el presidente es "añadir "nuevas piezas y tareas" y en vez de "talar o podar ramas, añadir ramas nuevas". Al acto asistieron, entre otros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga.