Blindajes prohibidos

El Gobierno catalán presidido por Jordi Pujol decidió prohibir los contratos blindados para altos cargos de la Administración catalana y también para las empresas en las que el Ejecutivo fuera propietario del 50% o más del capital. Es el caso de Ferrocarrils de la Generalitat, propiedad del Gobierno catalán en su totalidad. Pese a ese acuerdo, el consejero de Política Territorial, Pere Macias, blindó en 1999 el contrato de Antonio Herce como presidente de Ferrocarrils. Su destitución por cualquier motivo implicaba el abono de dos anualidades (unos 360.000 euros).

El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, aseguró ayer que su departamento no tiene la menor intención de abonar esta indemnización, claramente ilegal ya que vulnera de pleno el citado acuerdo del Consell Executiu.

Nadal cree que debe pagársele lo que marque la ley por los años trabajados.

Herce "recibirá las indemnizaciones que le correspondan por su relación laboral con la empresa", precisó Nadal, pero la compensación que establecía su contrato "será objeto de un informe jurídico que acredite si es oportuno hacerle frente".

El cambio, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, se mostró a favor de indemnizar al directivo destituido. Duran Lleida sostuvo que es "normal y usual en las administraciones públicas" que se firmen contratos como el del recién destituido presidente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Antonio Herce.

Duran no cree que contratos como los firmados por Herce estuvieran prohibidos.

Herce no procedía de otra empresa, sino que trabajaba ya en Ferrocarrils como director financiero cuando Pere Macias decidió promocionarle a la presidencia.