El fiscal pide cárcel para los dueños de un bar por estafar 186.000 euros a una anciana

La Audiencia de Madrid sentará en el banquillo a partir del jueves a dos personas acusadas de estafar 186.000 euros (31 millones de pesetas) a una anciana que padece una discapacidad mental. Juan Pablo A. S. y Jenny I. S., propietarios de una cafetería, se enfrentan cada uno de ellos a cinco años de cárcel por engañar a la anciana para que invirtiese sus ahorros en una sociedad que ellos tenían en bancarrota y, además, ofrecerle una habitación en un chalé en el que supuestamente la cuidarían mientras viviese.

Según la investigación judicial, los acusados engañaron a la mujer, María de los Ángeles C. P., para que invirtiese dinero en la sociedad Nike, propietaria del bar que ellos regentaban, a sabiendas de que éste estaba en bancarrota.

El fiscal explica que los dos acusados conocieron a María de los Ángeles como cliente de la cafetería que ellos explotan, situada en una céntrica calle de Madrid, y que comenzaron con ella una relación de amistad al ver que la mujer manejaba habitualmente fuertes sumas de dinero. Posteriormente, tramaron un plan para apropiarse de sus suculentos ahorros.

Para ello, la convencieron para que invirtiese en la sociedad propietaria del bar, "a sabiendas de que la misma estaba en bancarrota". También le prometieron un habitación vitalicia en el chalé de los acusados. La mujer, que se sentía sola y necesitada de cariño, les entregó en junio de 1994 un primer cheque con 84.141,69 euros (14 millones de pesetas). En diciembre de ese mismo año, la convencieron para que les entregase otro cheque de 42.000 euros (siete millones de pesetas), más otro cheque que entregó varios meses después por otros 60.000 euros.

Los acusados, para aparentar que todo era real y dar credibilidad a las promesas hechas a la anciana, realizaron un contrato de venta de acciones mediante el cual la mujer adquiría 150 acciones de la cafetería y el derecho a ocupar una habitación en el chalé de ambos mientras viviese. Lo cierto es que la sociedad no había presentado cuentas en el registro mercantil desde 1994 y estaba en quiebra, y que la mujer sufría una discapacidad mental que la hacía incapaz de administrar sus bienes.